Por una PAC que priorice la vida y a las personas

“La nueva PAC, que debe estar lista para finales de 2022 o principios de 2023, además de asegurar una renta y unas condiciones socio-laborales justas de empleo estable para todas las personas implicadas en la producción de alimentos sanos y sostenibles, debe reconocer todas y cada una de las funciones, tareas, roles y personas invisibilizadas”, señalan de la Sociedad Española de Agroecología (SEAE) y la Coalición Por Otra PAC, que repasan en este artículo cómo es y cómo debería ser la Política Agraria Común (PAC).  

La alimentación es imprescindible para la vida y constituye la base de la gran mayoría de relaciones sociales, económicas y políticas de las sociedades. Sin embargo, el actual modelo agroalimentario hegemónico globalizado parte de tres sesgos fundamentales: el antropocentrismo, el etnocentrismo y androcentrismo, todos ellos basados en relaciones de dominación, apropiación y desigualdad.

El actual modelo agroalimentario no solamente ha invisibilizado las tareas reproductivas y el rol de la mujer en el sector, si no que ha sido diseñado con perspectiva patriarcal, capitalista y neoliberal, basándose en las desigualdades, en la competencia desleal de mercado y en explotar sin límites y en el menor lapso de tiempo posible, unos recursos limitados. Es la producción a bajo coste de una alimentación de baja calidad y un elevado potencial de toxicidad.

En este sentido, una de las políticas que condiciona el sistema agroalimentario tanto a nivel local como europeo y global es la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE) que ha contribuido en toda su trayectoria a ese modelo. Con un presupuesto anual de más de 50.000 millones de euros, la mayor parte de los fondos de la PAC se destinan a pagos directos por unidad de superficie, favoreciendo principalmente a los grandes propietarios y empresas que aplican prácticas intensivas y agresivas, tanto a nivel productivo como comercial, impidiendo el desarrollo sostenible (económico, social y ambiental) de los territorios rurales y comprometiendo la salud de las personas, de los agroecosistemas y del ambiente en general.

La PAC ha contribuido a aumentar la brecha social

Con esta gestión de los fondos, se contribuye a aumentar la brecha social respecto a quienes trabajan la tierra, además de privar a la ciudadanía de un uso racional y eficiente del dinero público. Y en el caso de las mujeres y los colectivos más vulnerables, esa brecha se acrecienta. La progresiva concentración de la propiedad de la tierra tiene consecuencias importantes, no solo sobre el suelo fértil, el agua y el ambiente, sino también por sus graves repercusiones sociales. Las explotaciones pequeñas o medianas, generalmente familiares, tienen cada vez mayores dificultades para sobrevivir. En muchos casos acaban con grandes deudas que, además, siguen aumentando para poder seguir produciendo. En otros casos, se ven obligadas a vender la titularidad de las tierras y de la explotación a grandes propietarios, que las gestionan reduciendo costes a base de rebajar las condiciones laborales de quienes trabajan la tierra con contratos precarios y sin garantías de continuidad. En 2013, más de la mitad de la superficie agrícola de Europa se gestionaba por solo el 3,1% de sus explotaciones y el 75% de las explotaciones solo cubrían el 11% de la superficie. En estos momentos, la tierra está distribuida de manera aún más desigual que la riqueza en la UE.

A pesar de que la propia Comisión Europea, en su Comunicación sobre el Marco Financiero Plurianual, remarcaba que la PAC debería apoyar la transición hacia un sector agrario plenamente sostenible y el desarrollo de zonas rurales dinámicas, proporcionando alimentos seguros y de calidad, la propuesta actual de reglamento no cumple, ni de lejos, esas premisas: dificulta el acceso a la tierra por parte de quienes la trabajan, pone freno al relevo generacional, mantiene invisibilizadas tanto a las tareas reproductivas como el trabajo y la contribución de la mujer, sigue sin establecer un techo real para las ayudas que puede percibir cada beneficiario, favorece la producción y comercialización de alimentos de baja calidad con elevados impactos ambientales y no contribuye a los modelos territorializados de producción y consumo local, ecológico, de temporada y justo.

Nueva PAC para finales de 2022, la oportunidad de cambiarlo todo

Sin embargo, la propuesta de reforma de la PAC, cuya entrada en vigor se prevé para finales del 2022 o principios de 2023, quiere introducir un cambio profundo orientándose a la consecución de resultados concretos, vinculados a objetivos ambientales, económicos y sociales en cada uno los Estados miembros. Se definirán planes estratégicos estatales orientados a la consecución de dichos objetivos y para ello deberá contarse con la participación de la sociedad civil y de las regiones. Pero no queda claro cómo se va a garantizar que esta participación sea real, ni tampoco qué instrumentos e indicadores se utilizarán para medir los resultados e impactos de su aplicación.

Desde la coalición Por Otra PAC, formada por más de 35 entidades (asociaciones de productores ecológicos, ganaderos extensivos, organizaciones de cooperación al desarrollo, de nutrición, ambientales, de consumidores y empresas), se trabaja para que esta nueva PAC sea justa y equitativa con las personas del medio rural; asegure el acceso a una alimentación sana, saludable y sostenible y detenga el desperdicio alimentario; sea respetuosa con el medio ambiente y apoye las buenas prácticas agrarias; actuando desde la responsabilidad común y global para una vida sostenible en el conjunto del planeta.

Queremos una PAC ecofeminista

Por Otra PAC incorpora el enfoque ecofeminista y prioriza la vida y las personas, reorientando el sistema agroalimentario de la UE hacia una toma de conciencia completa sobre los desafíos a los que se enfrentan las sociedades europeas, la renta agraria, la alimentación, la salud, la dinamización de las zonas rurales, el ambiente, el bienestar animal, así como sobre los principios de solidaridad, equidad y democracia. En definitiva, defiende un marco legal y financiero para la construcción de una sociedad ecológica, justa, descentralizada, no jerárquica, con democracia interna y en la que prevalece el uso de tecnologías más respetuosas con el ambiente.

No podemos olvidar que la crisis actual del sector agrario se trata de una crisis estructural, que parte de las desigualdades generadas entre quien realiza el trabajo de producción de alimentos y quien los comercializa. Pese al uso del término ”producción”, el trabajo de campo ha ido invisibilizándose progresivamente. Y si tenemos en cuenta las tareas reproductivas, quedan todavía más invisibilizadas en el sector agrario y en el mundo rural en general. Esta doble invisibilidad de la mujer en el medio rural y en el sector agroalimentario, se ve incrementada por la falta de acceso a estructuras de apoyo específico, a la asignación histórica de roles y a que el desarrollo y tecnificación de estos sectores en lo últimos siglos, ha pasado de un modelo productivo diversificado (basado en la estructura familiar) a un modelo en el que predomina la especificidad productiva con elevados volúmenes manejados, maquinaria pesada ergonómicamente que además está adaptada a la anatomía masculina y con alta demanda energética.

La socialización de género en las mujeres hace que históricamente se haya asignado a la mujer el peso más elevado en la responsabilidad sobre el cuidado de la familia y las cargas domésticas lo que supone un obstáculo a la igualdad de oportunidades en el mundo laboral y a la posibilidad de acceder a cargos de responsabilidad. Los condicionantes han impedido a las mujeres disfrutar de las mismas oportunidades que los hombres y que han conducido a un sistema económico y social diseñado principalmente por hombres, pone a las mujeres en una situación de partida más desfavorable, forzándolas a encajar en un entorno laboral que no toma en consideración los condicionantes familiares y utiliza estrategias, herramientas, maquinaria, horarios, infraestructuras e incluso lenguajes que no incluyen a la mujer como parte integrante del colectivo.

Discriminar positivamente a agricultoras y ganaderas ecológicas

Es por eso que la nueva PAC, además de asegurar una renta y unas condiciones socio-laborales justas de empleo estable para todas las personas implicadas en la producción de alimentos sanos y sostenibles, debe reconocer todas y cada una de las funciones, tareas, roles y personas invisibilizadas. De este modo se garantizaría la viabilidad económica de las fincas de mayor valor socio ambiental y se dejaría de favorecer a las explotaciones intensivas. Por ejemplo, las intervenciones deberían apoyar de manera efectiva y discriminar positivamente a agricultoras y ganaderas ecológicas, en áreas Natura 2000 o a los que con sus prácticas generan islas de biodiversidad o mantienen Sistemas de Alto Valor Natural, como la ganadería extensiva, la trashumante, de montaña o las dehesas, entre otras.

Frente al despoblamiento, equidad

Dentro de un marco más amplio, y en referencia a la lucha contra el despoblamiento rural, se debe reforzar el papel de la mujer en el sector agroalimentario y atender sus necesidades en el medio rural. Para garantizar mínimamente la igualdad y la equidad real entre hombres y mujeres, se debería promover la titularidad compartida de las explotaciones agrarias, hasta hoy en índices muy bajos y de tímido crecimiento en todo el Estado español, y sobre todo, facilitar medidas de apoyo personal, doméstico y social para asegurar la permanencia de las familias en sus entornos habituales.

A su vez, el relevo generacional y el mantenimiento de población estable en el medio rural se verán garantizados con la eliminación de ayudas que distorsionan el mercado y permiten la especulación sobre el suelo. Es necesario el apoyo a la estructuración social y de la red agroalimentaria y a la diversificación de las actividades, potenciando la multifuncionalidad del medio rural y estableciendo relaciones cooperativas y colaborativas campo-ciudad. También se requiere apoyo a buenas prácticas agrarias que generen beneficios públicos como la accesibilidad a una alimentación sana, sostenible y local para el bienestar de todas las personas, la conservación de la fertilidad de los suelos, la calidad de las aguas y la agro y biodiversidad, la adaptación al cambio climático, el bienestar de los animales, la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero y de agrotóxicos y la conectividad territorial, etc.

Desde Por otra PAC no pararemos hasta incluir ese nuevo enfoque para la PAC y para el conjunto de políticas, que parta de la responsabilidad y cuyo objetivo sea garantizar una vida sostenible y de calidad tanto a nivel local, estatal y europeo como para el conjunto del planeta, considerando el impacto sobre el ambiente y las personas productoras dentro y fuera de las fronteras de la UE. Una nueva PAC que sea de verdad para toda la ciudadanía, priorizando la vida y a las personas.

Fuebte: El Salto

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