Por una PAC que garantice la justicia social

Esta semana  Amigos de la Tierra, Comisiones Obreras, Oxfam Intermón y UGT han enviado una carta al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo haciendo un llamamiento al sentido de las instituciones, pidiendo la condicionalidad social de la Política Agraria Común (PAC).

Situación actual

Recordamos que al menos diez millones de personas están empleadas en la agricultura europea, principalmente con trabajos de temporada o en otras situaciones inseguras. A pesar de ser definido como esencial por las instituciones de la UE y los diferentes gobiernos cuando golpeó el COVID-19, la realidad de muchos de estas personas trabajadoras sigue siendo de lucha, privación y violaciones de los derechos humanos, condiciones de trabajo inhumanas, ínfimos salarios, jornadas laborales interminables…son solo algunas de las dificultades a las que estas personas se enfrentan.

A pesar de esta precaria situación, las personas trabajadoras del sector agrícola nunca ha figurado en la Política Agrícola Común (PAC) Su lucha por exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo no han tenido hasta ahora la visibilidad que debería.

Es el momento de actuar

Actualmente las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC están en curso y por lo tanto el momento presente es fundamental para que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

El envío de esta carta al Ministerio de Agricultura y Ministerio de Trabajo supone implicar a nuestras instituciones con el fin de que no solo trasladen en el actual proceso de negociación en la UE la necesidad de una condicionalidad social de la PAC que garantice el respeto del derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda de las personas trabajadoras en la actividad agraria, sino además para que establezcan la misma  condicionalidad social en el futuro Plan Estratégico de la PAC en España.

Aplicación de la condicionalidad social a la nueva Política Agraria Común

Nos dirigimos a ustedes en el marco de la actual elaboración de la Política AgrariaComún (PAC) y del Plan Estratégico Nacional de la PAC.

En la última década se ha producido una tendencia acelerada en la desaparición delas pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas de tipo familiar ennuestro país, mientras que han aumentado considerablemente las estructuras industriales. Observamos cómo los inversores han ido ganando peso en el sector, loque ha propiciado una creciente concentración de la propiedad de la tierra y un cambio en los sistemas de producción. Las cifras de afiliación a la Seguridad Social muestran una caída de casi 80.000 autónomos agrarios en una década, frente a un aumento de 7.232 empresas y cooperativas, que han pasado de 26.181 a 33.413,con un avance especialmente significativo (5.494) en las sociedades mercantiles.

Este cambio en el modelo productivo ha supuesto también el aumento de la manode obra asalariada. En España en la actualidad hay más de 1.100.000 personas afiliadas a la Seguridad Social como asalariadas en la actividad agraria, mientras que en Europa se estima que al menos diez millones trabajan como trabajadores estacionales, jornaleros o en otros estatus eventual.

La situación de estos trabajadores es en muchos casos de precariedad laboral y vulneración de los derechos humanos, a pesar de haber sido definidos como esenciales por las instituciones de la UE y por el gobierno de España en el momento de la llegada de COVID-19. Las precarias condiciones de trabajo consisten en salarios por debajo de convenio, jornadas laborales por encima de lo establecido por la ley, una elevada proporción de trabajo no declarado o la vulneración del derecho a la vivienda, dificultades diarias a las que se enfrentan los trabajadores agrícolas en nuestro país. El propio Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos puso en evidencia esta situación en su Informe de España en 2020.

A su vez, y según datos del Ministerio del Trabajo y Economía Social, más del 70%de las inspecciones de trabajo llevadas a cabo entre mayo y diciembre de 2020 en el campo terminó en infracción por fraude laboral. En dicho periodo se realizaron1.647 visitas a los centros de trabajo, en los que se ha levantado 1.178 infracciones por «economía irregular», lo que ha supuesto 7,2 millones de euros de multa y la regularización de 330 trabajadores en situación ilegal.

Sorprendentemente, y pese a varios intentos en reformas anteriores de la PAC, la condicionalidad de los derechos sociales y laborales de las personas trabajadoras no ha estado en la agenda de la Política Agrícola Común hasta ahora. Sin embargo, esta situación puede encontrar respuesta. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución en la que  vincula los pagos directos de la PAC al cumplimiento del respeto de las condiciones de trabajo y empleo aplicables según los convenios colectivos pertinentes, la legislación nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT. La condicionalidad propuesta abarcaría diversos ámbitos como el empleo declarado, la igualdad de trato, la remuneración, el tiempo de trabajo, la salud y la seguridad, la vivienda, la igualdad de género, laseguridad social y las condiciones justas para todos los trabajadores empleados enla agricultura, incluidos los trabajadores temporales y personas migrantes. Esta medida ha sido ampliamente respaldada por la Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, Agricultura y Turismo junto con más de 300 sindicatos, ONG y organizaciones de la sociedad civil.

Sin embargo, esto es sólo un primer paso en la dirección correcta. Actualmente las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC están en curso y es crucial que la condicionalidad social forme parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La posición de Parlamento Europeo debe ser confirmada y reforzada. Es la única manera de evitar el dumping social, garantizando que la PAC pueda proteger a todos los agricultores que respetan los derechos de los trabajadores, pero que sufren la competencia desleal de los que no lo hacen. Y con la condicionalidad social, una parte relevante del presupuesto de la UE contribuirá por fin a mejorar las condiciones de trabajo y de vida en uno de los sectores más vulnerables y precarios de la economía de la UE.

La elaboración de la nueva Política Agraria Común presenta una oportunidad única a la UE y a España para revisar el modelo de agricultura europeo con el fin de hacerlo verdaderamente sostenible y socialmente justo. Para ello, la nueva PAC debe contar con objetivos medioambientales ambiciosos al tiempo que defiende el respeto de los derechos de los trabajadores agrícolas.

Por lo tanto, en vista de lo aquí expuesto, las organizaciones firmantes les solicitamos que:

●Trasladen en el actual proceso de negociación en la UE la necesidad de una condicionalidad social de la PAC que garantice el respeto del derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda de las personas trabajadoras en la actividad agraria, en los términos establecidos por el derecho nacional, europeo e internacional.

●Establezcan la condicionalidad social en el futuro Plan Estratégico de la PAC en España que garantice el respeto del derecho al trabajo, a la salud y a la vivienda de las personas trabajadoras en la actividad agraria, en los términos establecidos por el derecho nacional, europeo e internacional.

Sin más, reciban un cordial saludo.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.