Por otra PAC que no seque el futuro

Más de 40 entidades de la sociedad civil de ámbitos como la producción ecológica, la ganadería extensiva u ONG ambientales, agrupadas en la plataforma Coalición por otra PAC, piden, en vísperas del Dia Mundial del Agua, un plan estratégico que ayude “a prepararse ante un futuro cada vez más seco” porque “nos va la vida en ello”.

Lo afirma el coordinador de la Coalición por otra PAC, Fernando Viñegla, en una tribuna en EFEverde en la que señala que en los debates sobre el agua en España “se olvida, extrañamente, una de las herramientas más poderosas con las que contamos para adaptarnos a un futuro cada vez más seco: la Política Agraria Común”.

En su opinión, esta herramienta, no se esta utilizando adecuadamente y recuerda que la agricultura de regadío “consume alrededor de un 80% de este preciado recurso en nuestro país” y se prevé que la demanda de agua para uso agrario crezca un 3% en 2021 y en cuencas como el Ebro, hasta un 9% para este periodo.

Por ello plantea cuestiones que considera básicas como: ¿Podemos seguir expandiendo regadíos en un contexto de escasez hídrica creciente por el cambio climático? o ¿De dónde saldrá ese agua?

Frente al aumento de regadíos y una política agraria  que favorece los cultivos  intensivos proponen que,  en el proceso de reforma de la PAC, para decidir cómo será esta política entre 2023 y 2027, se aproveche el margen de decisión que tiene cada país para adaptarla a su territorio, elaborando los llamados Planes Estratégicos Nacionales.

En el caso de España, asegura, debe servir para hacer  frente a la creciente crisis hídrica.

“Esta vez no podemos escudarnos en Europa: es el momento de que los Gobiernos central y autonómicos apuesten con valentía y ambición por otra PAC, una PAC justa, que apoye las producciones con mayor valor social y ambiental y haga frente a la emergencia climática, social y ecológica” argumenta Viñegla.

En este sentido recuerda el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) del pasado febrero sobre agua y medio agrario en el que señala que “para hacer frente a las presiones hídricas de la agricultura habrá que ir más allá de las estrictas competencias de la política de aguas”.

“En particular, para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua, es necesario adoptar medidas más ambiciosas para promover prácticas agrícolas sostenibles en la próxima Política Agraria Común de la UE”, agrega. 

Por otra PAC que no seque el futuro

En los debates sobre el agua en España se olvida, extrañamente, una de las herramientas más poderosas con las que contamos para adaptarnos a un futuro cada vez más seco: la Política Agraria Común, las ayudas europeas al campo que condicionan el trabajo diario de los agricultores y que, en consecuencia, influyen de forma crucial en el uso que éstos hacen del agua.

Porque, no está de más recordarlo con motivo del Día Mundial del Agua (que se celebra cada 22 de marzo), la agricultura de regadío consume alrededor de un 80% de este preciado recurso en nuestro país.

Una superficie regada que no ha dejado de crecer en las últimas décadas, según los datos oficiales, y que de hecho seguirá aumentando pese al contexto de crisis climática: los planes hidrológicos vigentes prevén que la demanda de agua para uso agrario crezca un 3% en 2021 y en cuencas como el Ebro, por ejemplo, se espera un crecimiento del 9% para este periodo.

¿Podemos seguir expandiendo regadíos en un contexto de escasez hídrica creciente por el cambio climático? ¿De dónde saldrá ese agua?

Esa es la pregunta que habría que responder, pero seguimos en una huida hacia adelante, promoviendo aún hoy la transformación masiva al riego de cultivos de secano como vides, olivos o almendros: agotando y contaminando ríos y acuíferos pero con impactos más allá, como sobreproducción de cosechas y hundimiento de los precios en el mercado.

Aunque hay muchos factores detrás de estos cambios, la Política Agraria Común (PAC) ha regado con ingentes cantidades de dinero público este modelo insostenible, favoreciendo los cultivos agrarios intensivos de regadío frente a los de secano, a pesar de que estos últimos necesiten mayor apoyo para su supervivencia.

Se trata de una brecha enorme: de media, una explotación de regadío recibe el triple de pagos directos de la PAC que una de secano.

Pongamos, por ejemplo, uno de los cultivos más representativos de nuestra tierra.

Una agricultora de la sierra de Córdoba recibe de media 150€ de pago directo por hectárea por sus olivares ecológicos de montaña, un sistema de cultivo con alto valor social, que cuida la biodiversidad y recursos naturales como el agua y el suelo.

Frente a esa ayuda, un olivar intensivo de la campiña de Córdoba se lleva de media 800€ por hectárea, más de 5 veces el pago del olivar tradicional, y eso que se trata de cultivos hiperproductivos que consumen grandes cantidades de agua, plaguicidas, fertilizantes químicos y energía.

Se trata de una profunda e injusta desigualdad, con efectos perversos sobre el medio ambiente y también sobre las zonas rurales más desfavorecidas.

En defensa de los regadíos suele esgrimirse su mayor productividad, ¿pero con qué fin?

En las llanuras de La Mancha, por ejemplo, las líneas metálicas interminables de viñas en espaldera han sustituido a los viñedos tradicionales de secano (en gran medida, con ayudas públicas), multiplicando las cosechas.

Tanta uva ha acabado creando un problema crónico de sobreproducción de vino, con los precios por los suelos. Por no hablar del crítico estado de los acuíferos del Alto Guadiana y de espacios naturales como el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, condenado a una sequía casi perpetua.

Y mientras se sigue promoviendo un modelo agrario industrial que agota el agua, las estadísticas no dejan lugar a dudas en cuanto a la pérdida continua de agricultores, de variedades locales adaptadas a la aridez del clima mediterráneo, de habitantes en nuestros pueblos.

La PAC ha sido una de las causas, aunque también debe ser una parte fundamental de la solución.

En estos momentos, Europa se encuentra en pleno proceso de reforma de la PAC, decidiendo cómo será esta política crucial entre 2023 y 2027.

Con casi 50.000 millones de euros anuales de presupuesto en este periodo, transformar la PAC es esencial para cumplir con los objetivos del Pacto Verde Europeo, la senda para afrontar una verdadera transición ecológica en Europa.

Aunque en Bruselas deben configurarse las reglas generales de la nueva PAC (tras el debate en el Consejo de los estados miembro, del Parlamento y la Comisión Europea), una novedad capital en reforma es que cada país tiene un margen de decisión muy amplio para adaptarla a su territorio, elaborando los llamados Planes Estratégicos Nacionales de la PAC.

En España, el Gobierno y las CCAA están negociando ese Plan para presentar un borrador antes del verano.

Esta vez no podemos escudarnos en Europa: es el momento de que los Gobiernos central y autonómicos apuesten con valentía y ambición por otra PAC, una PAC justa, que apoye las producciones con mayor valor social y ambiental y haga frente a la emergencia climática, social y ecológica.

Y por supuesto, en un país tan vulnerable como España, necesitamos un Plan Estratégico de la PAC que haga frente a la creciente crisis hídrica.

Así lo ha defendido la Agencia Europea de Medio Ambiente en un exhaustivo informe, publicado este febrero, sobre agua y agricultura:

“Para hacer frente a las presiones hídricas de la agricultura habrá que ir más allá de las estrictas competencias de la política de aguas. En particular, para alcanzar los objetivos de la Directiva Marco del Agua, es necesario adoptar medidas más ambiciosas para promover prácticas agrícolas sostenibles en la próxima Política Agraria Común de la UE. También es necesario facilitar cambios sistémicos en las políticas agrícolas, alimentarias y energéticas para hacer frente a los factores que conducen a una producción agrícola insostenible.”

Aún reconociendo ciertos avances pasados para incorporar el cuidado del agua en la PAC, la AEMA reclama mayor ambición y cambios sistémicos.

Y en particular, la transformación de los sistemas de producción, promoviendo la adopción de la agricultura ecológica y de principios agroecológicos que reduzcan los insumos de energía, plaguicidas y agua.

En resumen: no basta con meros equilibrismos tecnológicos, que es el camino que parece haber adoptado el Gobierno español.

Por ejemplo, según ha avanzado el ministro de Agricultura Luis Planas, se pretende dedicar más de la mitad del fondo de recuperación agroalimentario y pesquero (563 millones de 1.051 totales) a las modernizaciones de regadíos, una medida que ahonda en la intensificación y que en el pasado no ha servido para lograr un ahorro real de agua (lo explica muy bien la última campaña de la Fundación Nueva Cultura del Agua).

Fuente: EFE VERDE

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