Las leyes de semillas en América Latina: derechos para el mercado corporativo

Las semillas son la unidad básica para la producción de alimentos agrícolas, son sustento de la diversidad  biológica y cultural del planeta.  En sí mismas contienen un entramado de relaciones sociales y ecológicas relacionados con sus usos, conservación, reproducción, circulación e intercambio. Las semillas son parte intrínseca de modos de producción campesina, indígena y afrodescendiente en los cuales se recrean conocimientos producidos y transformados a lo largo de varias generaciones. 

Sin embargo, de la mano de la creciente mercantilización de la naturaleza, las semillas tomaron un lugar central en la agenda política nacional e internacional de las últimas décadas. La necesidad de cambios en la regulación sobre las semillas está vinculada con la ampliación de derechos del sistema de propiedad intelectual como requisito del mercado global corporativo. 

Las disposiciones UPOV en el centro del debate

Desde finales de los años 90 aumentó el número de países que adhirieron a las disposiciones de la Unión Internacional para la Protección de Obtentores Vegetales (UPOV ) luego de que la Organización Mundial del Comercio definiera en 1994 que todos los países miembros debían tener un marco normativo de derechos de propiedad intelectual para las variedades vegetales. La UPOV, como mecanismo diseñado para atender de manera particular la propiedad intelectual cuando se trata de invenciones de plantas, pone en el centro de la protección jurídica al sujeto de la producción industrial, definido como obtentor

La actualización de 1991 (UPOV 91) fortaleció la protección de la industria semillera, al ampliar derechos a quienes se dedican a la creación de variedades vegetales a partir de nuevas tecnologías.  En este escenario y con el avance de tratados de libre comercio que incluían bienes naturales, se produjeron adecuaciones a la institucionalidad nacional,  modificaciones a las normas existentes y el impulso de nuevas regulaciones en varios países de la región. 

Las normas UPOV 91 condicionan el uso y comercialización de semillas a la autorización por parte del obtentor, estipulando requisitos técnicos para la protección que dejan por fuera prácticas realizadas por comunidades étnicas y campesinas. La ampliación de derechos para los obtentores reduce los derechos colectivos para la protección de los bienes comunes y de los sujetos poseedores de conocimientos y prácticas que posibilitan la reproducción de la vida del planeta. 

En el marco de Tratados Comerciales para el Libre Comercio (TLC) y el avance de biotecnologías para la agricultura, estos mecanismos de regulación de derechos de propiedad intelectual facilitan la explotación comercial de la biodiversidad y la expansión del agro negocio. La integración de las semillas al mercado global y su control corporativo trae costos ecológicos y culturales como la acelerada pérdida de especies vegetales, la disminución de la diversidad de alimentos, la modificación de ciclos bio-geoquímicos alrededor de los ecosistemas, entre muchos otros. 

El avance de las normas UPOV en  la región

El primer país de la región en suscribir la Upov 91 fue República Dominicana; posteriormente lo hicieron Costa Rica, Panamá y Perú. Los demás países formalmente han aprobado el acta UPOV 78; sin embargo, en respuesta a las exigencias de los Acuerdos de Libre Comercio con Estados Unidos y Europa,  en distintas disposiciones se han  incorporado de manera parcial los términos de la UPOV 91.Tal es el caso de países como Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, México y Chile. 

En Colombia rige la UPOV 78 desde 1995; sin embargo, las propuestas gubernamentales han dado pasos hacia una regulación orientada por criterios restrictivos de la UPOV 91. En el 2006 se incorporó  al código penal el delito de “usurpación de derechos de obtentor vegetales”.  Luego de distintos procesos sociales y la acción jurídica contra esta norma, en el año 2013 la Corte Constitucional declaró “condicionalmente exequible” el artículo, aclarando que existían términos que generaban ambigüedades y afectaban las prácticas agrícolas tradicionales (1).  Un segundo hecho disparador del debate y acción social fue la aprobación de la resolución 970 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, norma que limitó la comercialización de semillas exclusivamente a las certificadas en concordancia con la UPOV 91.A partir de su vigencia se generaron decomisos de semillas por parte de la autoridad encargada del control (2). Sumado a ello, se produjo en el país la aprobación de la UPOV 91 a través de la ley 1518/2012 impulsada por el gobierno nacional. En este caso, durante el proceso de  Control Constitucional (antecedido por la difusión, movilización y participación de organizaciones sociales), la Corte consideró que dicha ley vulneraba el derecho a la consulta previa a las comunidades étnicas, contemplado en la legislación colombiana (3). 

Las leyes de semillas en América Latina: derechos para el mercado corporativo
Ilustración: Pilar Emitxin

En Argentina está vigente la normatividad del año 1973 (ley N° 20.247) y adhirió a la UPOV 78 con límite a la apropiación de semillas, más no con penalizaciones y restricciones a su uso y comercialización. Desde el año 2012 y con el fortalecimiento del modelo de agronegocio y de la inversión de Monsanto en el país, se han debatido varios anteproyectos de ley con considerandos restrictivos similares a los de la UPOV 91.  Ante estas propuestas legislativas se generó presión de sectores y organizaciones sociales que pusieron sobre la mesa el debate público sobre los efectos negativos para los agricultores y para la soberanía alimentaria. Si bien los distintos anteproyectos de ley no llegaron a debate parlamentario, ante el lobby de los sectores privados el gobierno de Mauricio Macri tomó medidas administrativas a través de la resolución 207 del 2016 del Ministerio de Agroindustria por el cual faculta al Instituto Nacional de la Semilla (INASE) para realizar controles respecto a la producción  y comercialización de las semillas. El debate por la  nueva ley sigue siendo asunto pendiente.

En Chile también se suscribió el acta UPOV del 78 en 1994, y desde el año 2009 se han tramitado varios proyectos de ley para aprobar la UPOV 91 (4). El proyecto inicial presentado a discusión a Cámara de diputados implicaba la actualización del régimen de derechos de obtentores y la aprobación de los términos del acta de la UPOV 9,  justificado en mejoras en materia de derecho de obtentores de variedades vegetales en el país, el fomento y acceso a nuevas variedades vegetales producidas en otros países. El proyecto fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados en el año 2010, y rechazado en segundo tramite constitucional por las implicaciones restrictivas de la UPOV 91, la ambigüedad frente a los transgénicos y las afectaciones para campesinos e indígenas.  En marzo del 2014 el proyecto fue retirado por el gobierno, sin embargo también continúa en la agenda política del país. 

Situaciones similares se pueden observar en Paraguay, Uruguay o México,  documentadas ampliamente por distintas organizaciones sociales de cada país (5). Si bien cada país presenta contextos políticos y rurales particulares, las modificaciones en las leyes de semillas tienen elementos comunes que responden a las necesidades de sectores industriales y de la mercantilización de las semillas.  Todas las propuestas se encaminan a fortalecer las restricciones para guardar semillas para futuras cosechas, plantean limitaciones en el intercambio de semillas regulando la inscripción en los registros de certificación de cada país, fortalecen la protección de los derechos de obtentor de las empresas productoras, la expansión de los derechos de obtentor como única forma de propiedad intelectual sobre las semillas y la incorporación de nuevas funciones policivas [policiales] a las entidades administrativas encargadas de la regulación de semillas. 

Las normas de la UPOV se complementan o articulan con otros instrumentos jurídicos internacionales surgidos desde los años noventa frente a la propiedad intelectual. Estas disposiciones junto a los Tratados de Libre Comercio y las normas nacionales conforman un marco jurídico común que facilita las operaciones comerciales de las empresas y con ello la mercantilización de las semillas. Los cambios en las normas e instituciones nacionales generados en este proceso, impactan en el centro del sistema agroalimentario y en la reproducción general de la vida. 

Las acciones colectivas

Múltiples organizaciones sociales nacionales e internacionales expresaron el rechazo al avance de las modificaciones normativas derivadas de la UPOV 91. Cuestionaron el monopolio del control de las semillas por parte de las corporaciones y el avance del enfoque individualista de los derechos de propiedad intelectual planteado en las propuestas gubernamentales. 

Múltiples sectores sociales han mostrado las afectaciones de las leyes de semillas para la realización de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación, la protección de la diversidad biológica así como el detrimento de las condiciones de vida rurales y de las prácticas agrícolas tradicionales. Las acciones políticas y jurídicas de las organizaciones sociales presionaron el debate alrededor de las propuestas gubernamentales y legislativas, en algunos casos hasta lograr la suspensión de las medidas.

En la movilización y acción colectiva ha sido central la “campaña por las semillas” propuesta por La Vía Campesina desde el año 2003 (6). Se trata de una  campaña de largo plazo ligada a la defensa de la tierra, los territorios, a las culturas campesinas e indígenas, a la noción de soberanía alimentaria y del derecho a la alimentación. 

Esta y muchas otras propuestas de acción transnacional tiene correlato a lo largo de la región. En cada país y de manera permanente se desarrollan diversas estrategias y actividades en defensa de las semillas, el territorio y la vida. Son comunes acciones como: ferias de saberes, sabores y semillas; fiestas de las semillas y la diversidad;  intercambios de experiencias y de semillas;  creación de reservorios y custodios de semillas;  marchas, plantones,  acciones de ocupación y destrucción de campos de transgénicos en diversas partes del planeta. Muchas de estas acciones son coordinadas y realizadas por mujeres (7).

Se adelantan además estrategias de difusión por los medios de comunicación de las organizaciones sociales, procesos pedagógicos para la comprensión de los cambios normativos, denuncias públicas de las acciones de la industria semillera; movilización social y litigios jurídicos para la derogación/anulación de las normas. 

Tanto desde el quehacer cotidiano alrededor de las semillas como desde las innumerables acciones políticas, las organizaciones y comunidades étnicas han mostrado la necesidad de rechazar cualquier norma de regulación de las semillas que incorpore los términos restrictivos de la UPOV 91 y fortalezca los derechos de sectores industriales. Al contrario, el avance de la regulación debe estar encaminado hacia la ampliación de los derechos colectivos, la protección de la soberanía alimentaria y sí hacia el control de las semillas industriales y transgénicas.

(1) Ver http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm; y www.semillas.org.co

(2)  Documental sobre el tema disponible en https://www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g. La Corte determinó que el término “similarmente confundible” planteado en el artículo penal, no podía aplicarse en materia de obtenciones vegetales, pues no es posible determinar los límites y características de semillas similarmente confundibles. 

(3)   En la Sentencia C-1051/2012, publicada en el año 2014 de la Corte Constitucional Disponible en: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/C-1051-12.htm

(4)  Al contar con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos desde el año 2003, Chile tiene la presión de adoptar el sistema UPOV 91 para la protección de la propiedad intelectual.

(5)  Al respecto puede consultarse  http://www.grain.org/es/article/entries/5002-leyes-de-semillas-y-otros-pesares-los-pueblos-de-america-latina-las-cuestionan-e-impugnan y en http://www.redsemillaslibres.org/encuentros-y-eventos-de-semillas/

(6) http://www.biodiversidadla.org/Principal/Otros_Recursos/Campana_de_la_Semilla_de_Via_Campesina/Campana_Mundial_de_Semillas_de_Via_Campesina

(7)  Es un hito la acción de las mujeres de la Vía Campesina contra las semillas Terminator en marzo de 2006, al interior de la 8° Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica, realizada en Curitiba y la cual logró mantener la moratoria y detener la avanzada de dichas semillas.

Fuente: Revista Amazonas

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