Justicia Alimentaria denuncia el greenwashing alimentario en España

¿Qué significa que un alimento tiene la etiqueta bio en su packaging? ¿Sabes cuánto contamina el yogurt ecológico que compras todas las semanas?  Hoy en día, muchos productos alimentarios cuentan con infinidad de sellos y certificaciones fruto del greenwashing empresarial, técnicas de marketing que las empresas utilizan para aprovecharse del vacío legal que impera en la industria alimentaria. Justicia Alimentaria ha presentado hoy en València el informe ‘Las Mentiras que Comemos. Anatomía del greenwashing alimentario’, con el objetivo de denunciar esta praxis y la falta de legislación al respecto.  

El estudio, elaborado por Ferrán García, investigador de Justicia Alimentaria, hace hincapié en que estas prácticas pretenden confundir al consumidor. “Las empresas aprovechan el vacío legal para jugar a la confusión y vender más. Se muestran comprometidos con los problemas ambientales, sociales o de salud que éstos tienen pero realmente no cambian el contenido del producto, solo incorporan un atributo en la etiqueta”, comenta Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria.
Estos sellos corporativos están diseñados y controlados por la propia industria o en colaboración con fundaciones privadas. Uno de los que tiene más presencia es The Carbon Trust o Certificación de Neutralidad de Carbono, una distinción climática que certifica que un producto está comprometido con la descarbonización, pero la realidad es que el consumidor es incapaz de saber si el producto ha emitido mucho o poco CO2 durante su elaboración.

Certificaciones confusas
Poner un sello ecológico en un producto traslada al consumidor la idea de que es mejor que uno que no lo lleva. Además, la certificación ecológica no distingue aspectos laborales o de derechos humanos. “La agricultura intensiva de exportación se traduce en explotación laboral y, en muchos casos, en explotación humana”, añade Guzmán.
El sello oficial de producción ecológica indica que se han cumplido los requisitos específicos que recoge la normativa que lo regula, el problema es que puede inducir a error al generar unas expectativas superiores a lo que su normativa regula. Un claro ejemplo son las frutas y hortalizas cultivadas en invernaderos de regadíos. Estas, pueden llevar la certificación ecológica pero detrás hay un fuerte impacto en el cambio climático y en la explotación del agua.

Verde parece, verde no es
En la producción agrícola, invernaderos, regadíos y fertilizantes son las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y esto no se tiene en cuenta a la hora de calcular las condiciones ecológicas de los sellos. España es el segundo país del mundo en superficie de invernaderos, con 70.000 hectáreas, por detrás de China que tiene 80.000. Solo Almería y la costa de Granada cuentan con 30.000 hectáreas de invernaderos que producen 4,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, de ahí sale el 25% de todas las frutas y hortalizas que consumen en Europa.
Los regadíos son la segunda fuente de emisión de CO2 de la producción agrícola, que consumen alrededor del 80% del agua de las cuencas del país. Además, la agricultura intensiva depende del uso de fertilizantes sintéticos que inevitablemente emiten dióxido de carbono en su producción y requieren una elevada cantidad de energía.
Por otro lado, el informe destaca que la fabricación y el uso excesivo de fertilizantes sintéticos es la gran fuente de emisión de CO2 del sector agrario, prácticamente la mitad de las emisiones de todo el sector agrícola (el 45%) es atribuible a los fertilizantes, además de ser altamente demandante en energía y totalmente dependiente de la disponibilidad y precio del gas natural. A modo de ejemplo, la energía necesaria para fabricar todo el fertilizante sintético usado en la agricultura española es la equivalente a la que utiliza una ciudad como Barcelona todo el año o el 45% de la que utiliza Madrid.


También en la explotación animal
Los sellos de bienestar animal también están en auge como es el caso del de Interporc, la asociación de las empresas productoras de cerdo. Sus criterios son tan laxos que permiten la castración de los cerdos sin anestesia hasta los siete días de vida, el recorte de dientes y rabo o que el 20% de los animales padezca dificultades respiratorias. Interporc asegura que el 60% del sector ya ha logrado su sello. Este es un claro ejemplo de que la población sobreentiende que ese producto ha pasado unos filtros de bienestar animal, pero la realidad es muy diferente.

Soluciones que pasan por la administración
La gran mayoría de sellos que encontramos en los alimentos están creados por la propia industria. Desde Justicia Alimentaria piden impulsar políticas públicas firmes y precisas que luchen contra el cambio climático, produzcan una alimentación sana y respeten los derechos laborales y humanos. “Hace falta un cambio radical del sistema alimentario, por eso tenemos como objetivo mejorar la legislación existente garantizando unos estándares de obligado cumplimiento y que estén controlados por la inspección pública”, dice Javier Guzmán. De entre las propuestas, destaca la prohibición de los sellos y la auto certificación corporativa alimentaria, apostando por un sistema público de etiquetado y certificación social, ambiental y de salud y la implicación del Gobierno y Administraciones públicas de acabar con las prácticas de explotación laboral.

Toda la información de campaña en:

lasmentirasquecomemos.justiciaalimentaria.org

INFORME COMPLETO

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