En plena crisis climática, ¿lograrán los gobiernos en Madrid establecer acciones ambiciosas por el clima?

En el contexto de creciente deterioro climático y movilizaciones masivas exigiendo liderazgo climático, la COP 25 debe llevar a cabo acciones por el clima urgentes y basadas en los derechos.

Por Erika Lennon y Sebastien Duyck

A lo largo de 2019, el cambio climático dominó los titulares. Hubo historias sobre la alarmante realidad de vivir en un mundo con 1°C de calentamiento: tormentas avivadas por el cambio climático como los huracanes Idai y Kenneth devastaron Mozambique, tifones y huracanes sin precedentes devastaron Japón y las Bahamas, y cientos de miles de personas desplazadas por los incendios forestales en California. También hubo historias de jóvenes que se movilizaron en todo el mundo a una escala nunca antes vista, exigiendo que los políticos prioricen la acción climática a la escala necesaria para enfrentar esta amenaza a la existencia. Estas movilizaciones ya se han traducido en impactos concretos, desde el surgimiento de la conciencia europea en torno a los impactos de carbono de los viajes aéreos hasta la elección de candidatos cada vez más verdes en el continente. Las movilizaciones que enarbolan los derechos de los jóvenes y las generaciones futuras han estimulado un debate activo acerca de nuevos acuerdos verdes en Washington DC, Bruselas y Londres. Y países que enfrentan algunos de los impactos más drásticos del cambio climático, como las Islas Marshall, continúan demostrando liderazgo y comprometiéndose con acciones cada vez más ambiciosas.

Pero estas vibrantes movilizaciones globales y llamados a la acción por parte de las generaciones más jóvenes contrastan con la intransigencia de la mayoría de los gobiernos nacionales. La cumbre del Secretario General de la ONU en septiembre que proclamaba que impulsaría la ambición climática resultó en muy pocos nuevos compromisos por parte de los gobiernos y todos los principales contaminadores continúan con sus actividades habituales. Y aunque algunos países desarrollados aumentaron su contribución al Fondo Verde para el Clima durante su reposición de este año, permitiendo que el Fondo continúe su trabajo para apoyar proyectos de adaptación y mitigación en todo el mundo, el nivel de financiamiento climático comprometido por las Partes que son más responsables por el cambio climático sigue siendo extremadamente inadecuado. Incluso las severas advertencias del IPCC sobre la importancia de proteger los ecosistemas y asegurar los derechos de los pueblos indígenas tuvieron poco impacto en las políticas del presidente brasileño y algunos de sus pares regionales o en los líderes de algunos de los países importadores de carne y soya más grandes del mundo, resultando en un aumento drástico en la deforestación y una gran cantidad de emisiones adicionales de CO2.

La reubicación de Santiago a Madrid socava la participación latinoamericana

Es en este contexto que la 25ª conferencia anual de la ONU sobre el clima (COP 25) se programó en Santiago en diciembre. Cinco años después de que el último país de América Latina y el Caribe fuera anfitrión de la conferencia anual sobre el clima de la ONU, la COP 25 fue diseñada para resaltar las dimensiones regionales del cambio climático. Los países de América Latina y el Caribe no solo se encuentran entre los más vulnerables al cambio climático, sino que también son el hogar de líderes locales que enfrentan grandes riesgos personales por proteger el medio ambiente. Por lo tanto, se esperaba que la COP 25 brindara una oportunidad única para destacar a las comunidades locales y los pueblos indígenas de la región, que luchan para proteger sus entornos y derechos mientras se enfrentan a las amenazas inducidas por el clima.

Pero a pesar de meses de planificación intensiva por parte de cientos de personas y organizaciones en Santiago y en toda la región, el gobierno chileno dio el paso sin precedentes de cancelar su sede de la COP en Santiago tan solo cinco semanas antes de que la reunión comenzara. Ahora, la conferencia se realizará en Madrid durante las mismas fechas, pero este drástico de continente en el último minuto ha afectado gravemente la capacidad de la sociedad civil chilena y latinoamericana para participar en la COP 25 y hacer oír sus voces y preocupaciones.

Un riesgo de credibilidad para las conversaciones climáticas de la ONU

En este contexto, las negociaciones de la COP 25 enfrentan un riesgo real de parecer desconectadas de las realidades que enfrentan las comunidades y las personas. El cambio de sede no solo limita severamente la participación de los participantes del Sur global, para quienes las tarifas de reserva y cancelación son prohibitivamente caras, sino que también cuestiones críticas como la urgencia climática y la necesidad de una mayor ambición ni siquiera aparecen en la agenda formal de la conferencia.

Para salvar este proceso, es imperativo que los negociadores gubernamentales en Madrid cumplan más allá de las expectativas básicas para la COP. La COP 25 debe dar como resultado que los gobiernos den un paso adelante y asuman compromisos significativos para abordar la crisis climática con urgencia y al mismo tiempo abordar su vínculo con las desigualdades sociales. Para que esto suceda, la COP debe reconocer inequívocamente la urgencia de que los gobiernos aumenten la ambición, la necesidad de apoyar adecuadamente a las comunidades y países que enfrentan los impactos más severos del cambio climático, y dejar un conjunto de decisiones que coloquen a los derechos humanos, la igualdad de género y la salud de los ecosistemas en el centro de las respuestas climáticas.

La necesidad inequívoca de aumentar la ambición en 2020

Para abordar de manera significativa las preocupaciones planteadas por los jóvenes en las calles, los gobiernos deben aumentar la ambición en 2020. Un reconocimiento de la necesidad de hacerlo demostraría que los objetivos del Acuerdo de París todavía son alcanzables. Al incorporar ciclos de cinco años dentro del Acuerdo, los gobiernos aseguraron al mundo que un enfoque incremental para aumentar la ambición compensaría el hecho de que los compromisos climáticos nacionales existentes fueran totalmente insuficientes para prevenir el cambio climático peligroso. Pero la fecha límite para presentar compromisos actualizados y mejorados es 2020, y solo unos pocos gobiernos han señalado que cumplirían esta promesa con compromisos que cerrarán la brecha entre el status quo y un clima más seguro.

La COP debe aprovechar el impulso de las movilizaciones mundiales por el clima para pedir a los gobiernos que mejoren y actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de acuerdo con los objetivos y principios del Acuerdo de París y guiados por los informes recientes del IPCC. La COP debería recordar a las Partes que estos procesos de planificación nacional deben ser transparentes e inclusivos, permitiendo la participación plena y efectiva de la sociedad civil y los pueblos indígenas, y que deben explorar las sinergias con otros compromisos ambientales como la restauración de los ecosistemas. Los gobiernos reunidos en Madrid deben evitar trasladar la responsabilidad a los «actores no estatales» a través de alianzas carentes de rendición de cuentas. Si bien el liderazgo de los gobiernos y organizaciones locales es bienvenido, no reemplazan el deber de los Estados de tomar las medidas urgentes y efectivas necesarias para prevenir el aumento de la temperatura global.

Movilización de recursos para mejorar la acción contra pérdidas y daños

Como lo demuestran los fenómenos meteorológicos extremos en los últimos meses, el mundo ya se ha vuelto más peligroso con 1ºC de calentamiento. En la abrumadora mayoría de los casos, los impactos contribuyen a la injusticia climática; Las comunidades más afectadas no solo son las que menos contribuyeron a la crisis climática, sino que también se encuentran entre las que tienen la menor cantidad de recursos para hacer frente a sus efectos.

Hace seis años, los países más vulnerables aseguraron el establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños (WIM) para mejorar la acción y el apoyo a los países que sufren estos impactos. La COP 25 ahora tiene la tarea de revisar el mandato de WIM. Si bien el WIM realizó un trabajo importante sin lugar a dudas, incluyendo el realizado a través de su equipo de trabajo sobre desplazamiento, no ha podido apalancar los recursos financieros y el apoyo necesarios para que los países vulnerables atiendan las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático. En tanto los recursos financieros disponibles para apoyar la mitigación y la adaptación de los países en desarrollo siguen siendo inadecuados, la brecha entre el apoyo disponible y las necesidades reales de los países en desarrollo es más notoria en el contexto de pérdidas y daños, exponiendo a las comunidades en la primera línea de los impactos climáticos. Los gobiernos que se reúnan en Madrid deben dejar de perder el tiempo. Deben reconocer que los estados más vulnerables necesitan un apoyo adecuado para hacer frente a las pérdidas y daños y permitir que el WIM movilice los recursos necesarios para proporcionar ese apoyo.

Cumplir la promesa de París evitando compensaciones

En Madrid, se espera que los gobiernos negocien los elementos finales de las pautas de implementación del Acuerdo de París estableciendo las reglas bajo las cuales los países pueden usar enfoques cooperativos para reducir las emisiones. Estos mecanismos, establecidos en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, se basan en y amplían los mecanismos de comercio de carbono del Protocolo de Kioto, y ahí radica el problema. Estos mecanismos han demostrado ser el talón de Aquiles de Kioto. Primero, los mecanismos de comercio de carbono debilitaron los compromisos contraídos en virtud del Protocolo de Kyoto al permitir a los gobiernos evadir su responsabilidad de reducir las emisiones comprando en su lugar créditos de reducción de emisiones de otros países, socavando la transición de los combustibles fósiles y el principio de equidad. En segundo lugar, la falta de las salvaguardas sociales más básicas condujo a proyectos que violaban los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Para evitar repetir los errores cometidos en Kioto, los gobiernos en Madrid deben oponerse a cualquier decisión que permita que el comercio de carbono reduzca el peso que recae sobre los contaminadores y permita que las industrias destructivas del clima continúen sus negocios como de costumbre. Por el contrario, la cooperación en virtud del Artículo 6 debería centrarse en fortalecer los enfoques que realmente contribuyen a la reducción general de las emisiones mundiales y garantizar el desarrollo sostenible.

Como línea de base, cualquier mecanismo que las Partes puedan acordar en Madrid debe ser gobernado y regulado de una manera que evite lagunas y establezca salvaguardas sociales y ambientales sólidas, requisitos para consultas con las partes interesadas y mecanismos de reclamo independientes. Pero, sobre todo, deben reconocer que no hay espacio para compensaciones bajo el Acuerdo de París y que se necesita urgentemente una mayor ambición en todos los países y en todos los sectores. De no hacerlo, se corre el riesgo de socavar el Acuerdo de París.

Garantizar que los derechos humanos impulsen la acción climática

Más alentador es que también se espera que la COP 25 avance en la incorporación de un mayor reconocimiento de las dimensiones humanas y sociales del cambio climático. La revisión del Programa de Trabajo de Lima sobre Género y su Plan de Acción ofrece la oportunidad de desarrollar un ambicioso plan de trabajo que acelere respuestas climáticas que promuevan la igualdad de género. Las posibilidades incluyen: asegurar que el plan de acción de género fortalezca su enfoque en el desarrollo de capacidades en áreas prioritarias y fortalecer las conexiones con una transición justa y la implementación de la Agenda 2030.

Del mismo modo, se espera que las Partes respalden el primer programa de trabajo adoptado por la recientemente establecida Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas. La Plataforma es un organismo único que permite que los delegados gubernamentales y los representantes de los pueblos indígenas participen en sus procedimientos en condiciones de igualdad. Si bien tales prácticas son la norma en algunos otros foros internacionales, su reciente adopción dentro de la CMNUCC podría comenzar a deshacer los daños causados ​​por dos décadas de negociaciones que han ignorado en gran medida la importancia del conocimiento tradicional y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Además, las Partes pueden aprovechar el trabajo conjunto realizado hasta ahora bajo el Programa de Trabajo de Koronivia. El intercambio de experiencias y conocimientos sobre los vínculos entre la agricultura y el cambio climático ofrece la oportunidad de considerar el valor de la agroecología para reducir la huella de nuestra producción de alimentos y aumentar su capacidad de recuperación.

Es importante destacar que las Partes deben evitar una trampa en la COP 25. En los últimos meses, un número cada vez mayor de partes interesadas ha pedido que se otorgue mayor prioridad al importante papel que las soluciones basadas en la naturaleza podrían desempeñar para abordar la crisis climática. Destacan que las actuales crisis climáticas y de biodiversidad están interrelacionadas, y que ninguna solución logrará abordar una si ignora a la otra. Si bien este movimiento para volver a colocar a la naturaleza en el centro de nuestras respuestas climáticas es bienvenido y llega tarde, debe hacerse de una manera que se fundamente en los derechos de las comunidades locales y priorice la restauración de los ecosistemas naturales y ricos en biodiversidad. La repentina explosión de interés en estas «soluciones basadas en la naturaleza» por una amplia gama de actores gubernamentales y corporativos debería hacernos desconfiar. Se debe evitar sacrificar la gobernanza ambiental por el beneficio económico de unos pocos y a expensas de resultados públicos positivos.

Finalmente, la COP 25 tendrá éxito si coloca a las comunidades y los pueblos indígenas al frente y al centro de las políticas climáticas y reconoce que las respuestas climáticas efectivas dependen del respeto de los derechos humanos, la igualdad de género y la inclusión social. Como las movilizaciones de París a Santiago y Filipinas han demostrado en los últimos meses, las políticas climáticas que imponen la carga a las comunidades de primera línea e ignoran el papel desproporcionado y la responsabilidad de los actores más ricos en sacar provecho de la crisis climática no son sostenibles.

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