Anulada la exención de licencia ambiental a las industrias alimentarias en Castilla y León

El TSJCyL anula la exención de licencia ambiental a las industrias
alimentarias
El Consejero Suárez-Quiñones cierra su mandato con el fracaso de su nefasta
política de desregulación ambiental, desautorizada en los tribunales por
arbitraria e ilegal

Por Sentencia nº 772, de 21 de mayo de 2019, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León (TSJCyL) ha anulado la exención de licencia ambiental concedida por la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las industrias agroalimentarias,
mediante el Decreto 8/2018 por el que se determinan las condiciones
ambientales mínimas de determinadas industrias agroalimentarias en Castilla
y León.

El Tribunal declara como en su anterior sentencia de 11 de abril relativa a
la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas que no es
posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de
Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta
la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.

El Tribunal reitera que «la modificación efectuada afecta al contenido
fundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares
del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o
autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su
régimen jurídico -información pública, informes preceptivos de la comunidad
autónoma, etc.-, hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que
existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental
previa».

De esta manera, «la modificación efectuada excede con mucho a lo que está
permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado,
modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el
contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales
que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades».
Llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes no fuera
advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo examen de
legalidad fue inútil.

Pero más allá de este vicio «formal», la sentencia considera arbitraria la
regulación de las condiciones ambientales mínimas de las industrias
agroalimentarias, partiendo de que no se justifica la premisa de que «desde
el punto de vista medioambiental el sector industrial agroalimentario se
encuentra entre los sectores productivos menos contaminantes», único soporte
de la regulación anulada. Al contrario, como expuso Ecologistas en Acción en
sus alegaciones al Decreto impugnado, las industrias agroalimentarias pueden
tener un impacto ambiental sobre la calidad de las aguas muy superior al de
otras actividades industriales.

La sentencia declara así que «el establecimiento de las condiciones mínimas
a las que se refiere el mismo, que se remite al Anexo, no cuenta con
justificación de ningún tipo que permita entender que las mismas sirven a
los fines de protección medioambiental propios de la normativa de este
ámbito». Ecologistas en Acción ya expuso en su día que los límites aprobados
para los vertidos y emisiones al aire de estas industrias eran muy laxos y
no protegían adecuadamente el medio ambiente ni la salud pública.

El TSJCyL detiene así en seco la pretensión de desregulación por esta vía de
estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas, de manera que todas las industrias agroalimentarias no sujetas a
autorización ambiental vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y
León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia
a los vecinos colindantes antes de implantarse, como venía sucediendo desde
1961, en que se aprobara el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas.

Esto significa que un matadero, una harinera, una industria de piensos o una
fábrica láctea no podrán empezar a funcionar sin información pública ni
informes. De hecho, todas las industrias agroalimentarias que se hayan
iniciado en el último año sin licencia ambiental deberán legalizar su
situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos
ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación
ahora ilegal.

En opinión de Ecologistas en Acción, se trata de una excelente noticia para
el medio ambiente de Castilla y León y del penúltimo fracaso del Consejero
Suárez-Quiñones, incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar
la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación
a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del
lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las
actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de
los tribunales.

La organización ecologista espera que con la conformación del nuevo gobierno
autonómico se destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria
de gobernar, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia
de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de
legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos
constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial
efectiva.

 

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