En el marco del proyecto Cortocircuito. Justicia Alimentaria en la compra pública, Justicia Alimentaria ha elaborado la Guía para la incorporación de criterios de sostenibilidad alimentaria en la compra pública.

La guía quiere servir de documento de referencia para adjudicadoras y personal técnico de las administraciones públicas que estén implicadas -o tengan la posibilidad de implicarse- en los procesos de compra y contratación pública. Mediante la elaboración y difusión de esta guía, adaptada a la nueva ley de contratación pública 9/2017, se pretende fomentar la compra pública saludable con criterios de sostenibilidad alimentaria.

A través del fomento de la demanda de alimentos de proximidad, saludables y sostenibles se pretende generar un efecto multiplicador que fomente la economía local, tanto la parte estrictamente productiva como las diversas conexiones que genera.

Además de la compra en sí, se añade el impulso que representan los entes públicos para el cambio de valores, educación y cultura alimentaria en la sociedad, y para la generación de un nuevo modelo alimentario.

Por todo ello, esta guía práctica debe servir para determinar:

Qué criterios de sostenibilidad alimentaria deben incorporarse en la contratación y por qué se deben priorizar los criterios elegidos en esta guía.

A qué tipo de contratos pueden incorporarse estos criterios.

Cómo puede incorporarse a la contratación, con total respeto al marco jurídico actual.

Si bien las posibilidades son infinitas, esta guía recoge ejemplos la efectividad y legalidad de los cuales han sido ampliamente reconocidas. El objetivo es orientar sobre cómo configurar criterios que sirvan a las políticas públicas y generen propuestas complementarias que respeten el marco jurídico actual.

A lo largo del año 2018 se hicieron tres jornadas de formación en las Islas Baleares, dirigidas a personal técnico de la administración y responsables políticos, para difundir la guía y acompañar los procesos de introducción de estos criterios.

La guía se ha desarrollado con el apoyo de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears.

Descarga el informe

• Guía para la incorporación de criterios de sostenibilidad alimentaria en la compra pública. Descargar

Informes sobre compra pública alimentaria

• Guía para la incorporación de criterios de sostenibilidad alimentaria en la compra pública. Descargar
• La compra pública a escala europea: Revisión y recomendaciones. [cast] Descargar

Cortocircuito es una campaña que nace con la intención de impulsar los mercados alimentarios locales en el estado español, fortalecer el tejido alimentario local resulta imprescindible para lograr un cambio en el entramado empresarial que controla hoy día nuestra alimentación. En este sentido, la compra pública alimentaria se presenta como una gran oportunidad para ello.

Las administraciones públicas, como tienen capacidad de compra directa, tienen un papel fundamental, al poder actuar como motor de impulso de estos sistemas alimentarios locales.

Desde Cortocircuito creemos que es imprescindible y urgente que desde las administraciones públicas se asuman compromisos políticos que impulsen y favorezcan iniciativas de compra pública de alimentos basada en una producción local y familiar. Para ello solicitamos:

1. Un compromiso político vinculante por parte de la administración central que explicite la voluntad de incorporar alimentos de proximidad y de producción familiar en las compras públicas alimentarias, que actúe como marco político impulsando y catalizando las iniciativas de las administraciones autonómicas y locales.

2. Un compromiso político vinculante por parte de las administraciones autonómicas y locales que explicite la voluntad de incorporar alimentos de proximidad y de producción familiar en las compras públicas alimentarias en los sectores que les competen: la compra pública alimentaria para centros públicos sanitarios y educativos.

3. La creación de estructuras de gobernanza alimentaria o “consejos alimentarios” entendidas como espacios de participación de los actores implicados (organizaciones de productores, de consumidores, AMPAS). Estas estructuras tendrán como función la asesoría, promoción, formación y la elaboración de planes específicos para poner en práctica la compra pública alimentaria de proximidad familiar. Además tendrán la función de validar las actuaciones administrativas fomentar la cooperación y concertación los diferentes colectivos implicados.

4. La creación, en las administraciones competentes, de grupos de trabajo interdisciplinares o “mesas de contratación” que estén capacitados para elaborar las cláusulas de licitación que permitan y faciliten la compra de alimentos basados en una producción local y familiar incluyendo criterios de sostenibilidad. Estos equipos técnicos, además de elaborar las condiciones de las licitaciones, tendrán entre sus funciones la interlocución y negociación con los “consejos alimentarios” y otros actores implicados para adaptar las condiciones de la licitación a la realidad local en términos de oferta y demanda.