¿Cuando tendremos directrices alimentarias sin patriarcado?

Por Paola Romero Niño

La guerra ha feminizado la pobreza y el hambre. ¿Creen que es posible hablar del derecho a la alimentación sin hablar de la paz? La mayoría de las mujeres que han quedado en la pobreza, que luchan contra el hambre, son mujeres campesinas. Y aquí les negamos la condición de campesinas.

Cita extraída de las intervenciones del MSCPI durante la tercera ronda de negociaciones de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas

Cada año desde 1974, se celebra la sesión plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. A pesar de su nombre complicado y de ser poco conocido, el Comité lleva a cabo un trabajo esencial: formular políticas que permitan y promuevan la aplicación del derecho humano a una alimentación sana y adecuada en el mundo. El CSA es un espacio único. No sólo es la institución intergubernamental más inclusiva para abordar políticas alimentarias globales, sino que es el único organismo de ese tipo que basa su visión y su trabajo en los derechos humanos. Las personas derechohabientes, es decir, las comunidades que más sufren la inseguridad alimentaria y la malnutrición, participan de manera activa en el CSA a través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI). El MSCPI es un espacio autónomo formado por grupos de trabajo temáticos, que permite que diferentes sectores, movimientos sociales, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones de todo el mundo trabajen de común acuerdo para influenciar las políticas del CSA en aras de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Durante la 50.ª sesión plenaria del CSA, celebrada a mediados de octubre de 2022 en Roma, el Grupo de Trabajo del MSCPI de Mujeres y Diversidades de Género llevó a cabo un importante trabajo de cabildeo en nombre de millones de mujeres, niñas y personas no heteronormativas. En este relato, explicamos cómo, por qué y el camino que aún queda por recorrer.

Durante décadas, las mujeres, niñas y personas no heteronormativas han luchado por avanzar hacia la igualdad de género y la soberanía alimentaria, ya que han sido históricamente discriminadas y marginadas, sometidas a múltiples opresiones que se intersectan. Cada derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas, ha significado trastocar los poderes establecidos de una sociedad patriarcal injusta y desigual, que se sostiene por la fuerza vital de quienes alimentan el mundo.

Desde el 2019, en el contexto del CSA, se está llevando a cabo un proceso de convergencia política para adoptar las Directrices Voluntarias sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas (GEWGE por sus siglas en inglés).  Este proceso cuenta con la participación del Grupo de Trabajo de Mujeres y Diversidades de Género (GTMD) del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), el cual es, dentro de la arquitectura de la gobernanza global alimentaria, uno de los pocos espacios que se mantiene para la participación de las organizaciones de mujeres y feministas de diversos orígenes para abogar por el derecho a una alimentación adecuada, intrínseco a todos los derechos humanos. 

Luego de una amplia participación y consultas regionales de mujeres en toda su diversidad, se recogió en espíritu colectivo las principales problemáticas y soluciones que viven las mujeres, niñas y personas no heteronormativas en materia alimentaria. Durante las negociaciones de los contenidos de las Directrices, que se llevaron a cabo este año de 2022, el grupo de trabajo del MSCPI elevó estas problemáticas y soluciones, a la vez que recalcó los vínculos políticos con el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la violencia y discriminación, los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, la perspectiva de interseccionalidad, los sistemas alimentarios justos, sostenibles  y territoriales, la  agroecología, el derecho a la tierra, el acceso al agua y a los recursos naturales, el derecho a la paz y la protección de quienes están en conflictos o viven bajo ocupación,  la protección social universal e igualdad de salarios, acceso a los servicios públicos y reducción,  la redistribución y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, entre otros.

Sin embargo, muchos Estados, entre ellos el Vaticano, que tiene figura de observador en el CSA, consideraron controversial el lenguaje que se utiliza en las Directrices. En ausencia de argumentación técnica que lo sustentara, quedó de manifiesto el tinte ideológico y patriarcal de sus posturas. Esto evidenció una contrarreforma y un retroceso frente al reconocimiento de lo que ya había sido establecido por el mismo sistema de Naciones Unidas. Los opositores a las Directrices están tratando de socavar fuertemente la posibilidad de abordar temas como las identidades de género y la orientación sexual más allá del marco binario; la interseccionalidad; y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para sustituir por servicios o sólo limitado al campo de la salud y lo reproductivo, entre otros.

La principal expectativa es de que las Directrices sean un documento político inclusivo, ambicioso y transformador que pueda tener un verdadero espíritu garante de la igualdad de género y la soberanía alimentaria, crucial para tener un impacto sustantivo en las comunidades y territorios más afectados por el hambre. Como mínimo, estas Directrices deberían reforzar la protección de quienes más lo necesitan. Para ello, se requiere que los Estados y la ONU garanticen el lenguaje y el espíritu de los derechos humanos.

Esto significa avanzar en un lenguaje progresivo y transformador, que interprete la realidad actual de las diferentes opresiones que se entrecruzan en las mujeres, niñas y personas no heteronormativas. Mucho de este lenguaje ya está reconocido de manera formal e interpretado por las Naciones Unidas en la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de la Discrimnación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y   la Declaración de derechos campesinos, entre otros.  Debemos recordar que el statu quo patriarcal, que da forma a las normas de género opresivas existe y si no avanzamos nunca será transformado.

Por otro lado, avanzar en el espíritu de los derechos humanos significa que la abuela ONU asuma su historia y su legado y responda de manera sustantiva, es decir, concreta, cambiando la vida de muchas mujeres; reconociendo que el patriarcado opera de diversas maneras, y que existen situaciones de discriminación e injusticia que impiden realizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas.

Por ejemplo, la discriminación y la injusticia se manifiestan cuando las mujeres campesinas son desplazadas por la guerra y deben dejar sus cultivos, cuando una mujer en la ciudad no tiene acceso a alimentos sanos  y solo a productos  ultraprocesados, cuando una joven es violada por conseguir agua, cuando las mujeres no heteronormativas son discriminadas laboralmente y caen en la  inseguridad alimentaria, cuando a las mujeres no se les reconoce su saber en la toma de decisiones en política alimentaria o cuando en contexto de conflicto armado los cuerpos de las niñas son controlados y disciplinados.

A  dos años de iniciado el proceso, aún no se logran unas Directrices que ayuden a la realización del derecho humano a la alimentación de mujeres, niñas y todas las personas en estos contextos. Recientemente, en la Sesión Plenaria 50 del CSA se acordó seguir adelante con el proceso con miras a presentar un documento que adoptar en la próxima Sesión Plenaria  51 que tendrá lugar en octubre de 2023.

En el GTMD consideramos que las condiciones por las cuales se deben seguir negociando con los Estados estas Directrices pasan por:

> Construir metodologías de trabajo colectivas con garantías de participación, en igualdad de condiciones y rutas que converjan. Que haya claridad en lo que significa consenso, porque existen posiciones regresivas y lugares de poder desiguales, así como violencia institucional que deben ser evitadas.

> No cuestionar las formas múltiples e interseccionales de discriminación de las mujeres, niñas y personas no heteronormativas. Eso implica apuntar a las causas estructurales y no a los síntomas, lo cual es coherente con los términos de referencia (punto 14) del mandato de las Directrices.

> Que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial evidencie lo que ya reconoció en materia de igualdad de género y entonces se deje claro cuál es el lenguaje acordado para no retroceder.

> Contar con un espacio con Expertas donde se brinde información, datos y argumentos sin conflicto de interés, para orientar acciones de política pública basadas en la evidencia. Los datos deben ir más allá de lo que es evidente, los sistemas de información actuales son androcéntricos y sexistas, cuentan con pocas variables de género. Deben existir datos cualitativos y ampliar esquemas de análisis que evidencien el proceso alimentario y el trabajo del cuidado.  Las mujeres no son solo cifras.

Los Estados tienen en sus manos una oportunidad única de reconocer la realidad de quienes alimentan y cuidan el mundo. Tenemos la oportunidad de contribuir, de redistribuir y hacer justicia alimentaria. Por lo tanto, los Estados deben escuchar, permaneciendo abiertos e inclusivos.  Si esto no se cumple, no hay manera de cambiar la historia. Mantendremos el hambre, la malnutrición de la mayoría de personas del planeta,las mujeres.

Por todo lo anterior, el Grupo de Trabajo de Mujeres y Diversidad de Género del MSCPI publicó la declaración sobre el proceso que actualmente está abierta para recibir firmas a título individual y de las organizaciones. ¡Cada forma de discriminación e injusticia nos impide realizar nuestro derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas!

¿Cuando tendremos directrices alimentarias sin patriarcado?

Paola Romero Niño integra el grupo de trabajo de mujeres y diversidad de género del MSCPI.  Es coordinadora de proyectos y de la línea de derechos humanos de las mujeres y género de FIAN Colombia. Este artículo se escribió con el apoyo del Secretariado del MSCPI.

Fuente: Capire

Organizaciones de la sociedad civil y Pueblos Indígenas piden un mundo libre de violencia sexual y de género y de cualquier tipo de discriminación para lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas

¿Cuando tendremos directrices alimentarias sin patriarcado?

Roma, 27 de abril de 2022. En el contexto del proceso de las negociaciones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas sobre las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición que comienza en mayo, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de los Pueblos Indígenas celebraron una reunión informativa pública en la que destacaron la urgencia de contar con unas directrices voluntarias que permitan erradicar la violencia sexual y de género y cualquier tipo de discriminación con el fin de lograr la seguridad alimentaria y la nutrición para todas las personas. 

Los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBQTI son interdependientes e indivisibles con respecto a sus derechos a la alimentación, la salud, la tierra y otros recursos naturales, el agua, el trabajo y el empleo dignos y la libre determinación. En ese sentido, las personas intervinientes del MSCPI compartieron experiencias que muestran el largo camino que hay que recorrer para que las desigualdades y la discriminación por razón de género dejen de ser un factor restrictivo para lograr el derecho a la alimentación, y hablaron de cómo se podría hacer frente al contexto actual mediante acciones clave.

“Tras la experiencia de la crisis de la COVID-19, ha llegado el momento de poner en marcha políticas públicas, instrumentos y marcos claros contra la violencia sexual y la discriminación basadas en el género. Es urgente hacer frente a la violencia estructural creada por el actual sistema económico, la guerra, los conflictos, las ocupaciones y la actual crisis climática, para garantizar el derecho a la alimentación de estas comunidades gravemente afectadas”, explicó Glorene Das, directora ejecutiva de la organización sin ánimo de lucro Tenaganita, miembro de la Coalición de Mujeres Rurales de Asia, y una de las coordinadoras del Grupo de trabajo de mujeres y diversidad de género del MSCPI. 

Las directrices voluntarias también deben tener en cuenta los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres que viven en territorios ocupados y bajo regímenes particulares de tenencia de la tierra, y cómo estos impiden que se haga efectivo su derecho a la alimentación, además de dejar sin reconocer el papel que desempeñan en los sistemas alimentarios, tal como expresó Souad Mahmoud, de la Marcha Mundial de las Mujeres, quien añadió que “En un contexto de crecientes desigualdades, el acceso a recursos clave como el agua, la tierra, los bosques, las zonas de pesca y los pastizales es objeto de vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos”. 

Uno de los objetivos principales de las directrices, tal como se expresa en el borrador para las negociaciones, es apoyar a los Estados miembros y a otros agentes para erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y todas las formas de malnutrición. En ese sentido, la promoción y protección de los sistemas alimentarios de base local y los mercados territoriales es clave para lograr este objetivo. En palabras de Gertrude Kenyangi, de Support for Women in Agriculture and Environment en Uganda, “Para garantizar el empoderamiento económico de las mujeres, la gobernanza de los sistemas alimentarios debe basarse en los derechos humanos. Los sistemas alimentarios no pueden seguir reconfigurándose para satisfacer los beneficios privados, ni tampoco para centrarse únicamente en la productividad. Hay que proteger los mercados territoriales para que no se inunden de alimentos importados, especialmente en situaciones de conflicto, inestabilidad política y ocupación”. 

La interseccionalidad es clave para dar un paso adelante en la lucha contra el racismo y hacer frente a las múltiples formas de discriminación interrelacionadas debidas a la casta, la etnia, la edad, la clase social, la religión, la identidad de género, la orientación sexual, la situación migratoria y las discapacidades que niegan el derecho a la alimentación de las mujeres, las niñas y las personas LGBQTI.

Vivian Motta, de la Asociación Brasileña de Agroecología, expuso que el racismo está teniendo repercusiones históricas y negativas en la vida de las mujeres racializadas, y afirmó que “Las mujeres nos estamos uniendo en colectivos de lucha, ocupamos los espacios de transformación, luchamos por cambiar el Gobierno y el Estado actuales por otros que apoyen a las mujeres; queremos construir un país y un territorio que reproduzca la vida y que reconozca a las mujeres como sujetos importantes y nuestro trabajo es fundamental para la protección de la sociedad. La sociedad que queremos valora la diversidad y a las mujeres y entiende que el trabajo de las mujeres es esencial para su permanencia”.

Además, Paula Gioia, de La Vía Campesina, manifestó que “En todo el mundo, las personas LGBTIQ siguen sufriendo marginación con frecuencia y se les niegan sus derechos políticos y civiles, así como sus derechos económicos, sociales y culturales. La discriminación estructural lleva a muchas de ellas a vivir en un entorno de exclusión social en el que no se garantizan derechos básicos como la alimentación, la vivienda y la vida”. Asimismo, pidió la inclusión y el reconocimiento explícito de la diversidad de género en las directrices voluntarias.

Finalmente, se expresaron las exigencias claras que deben abordarse en las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición, si se pretende que tengan repercusiones reales en la vida de las personas en los territorios:

  1. Contar con un mundo libre de violencia sexual y de género y de cualquier tipo de discriminación.
  2. Incluir la perspectiva de interseccionalidad.
  3. Tener un sistema alimentario justo y sostenible centrado en el cumplimiento de los derechos humanos, con la agroecología como núcleo de nuestro trabajo y nuestra vida cotidiana.
  4. Garantizar y proteger el derecho a la tierra y el acceso al agua y los recursos naturales para las mujeres, las niñas y las personas LGBTQI de los distintos sectores.
  5. Promover y fomentar los sistemas alimentarios de base local y los mercados territoriales.
  6. Incluir y reconocer de manera explícita la diversidad de género.

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