La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas de las crisis del clima, del hambre y del COVID-19, dicen los organizadores de la contra-movilización, que totalizó alrededor de 9.000 participantes.

Entre el 25 y el 28 de julio de 2021, unas 9.000 personas participaron en una contra-movilización virtual para oponerse a la Pre-Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. El foro alternativo fue aclamado como un éxito, ya que reunió a una gran variedad de asistentes, y fue capaz de catalizar y amplificar una contra-narrativa a la Pre-Cumbre. La contra movilización logró llegar a un amplio público con su visión de una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales gracias a publicaciones críticas en importantes medios de comunicación como la BBC, Al Jazeera o la televisión estatal italiana Rai, además de varios miles de mensajes con el hashtag #FoodSystems4People que fueron vistos por unos 10 millones de usuarios en las redes sociales.

La “Contra-movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos” comenzó con un rally virtual global, de ocho horas de duración. En el evento se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes, en representación de pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

La contra-movilización brindó un espacio para el diálogo sobre las amenazas que plantean los sistemas alimentarios cada vez más globalizados y controlados por las multinacionales, y las soluciones viables ya existentes para superarlas. Se publicó oficialmente una declaración de apertura que resume las demandas de la Respuesta Autónoma del Pueblo al UNFSS, la plataforma de 330 organizaciones que realizó la contra movilización. Este grupo de la sociedad civil y los pueblos indígenas instó a que los debates y las decisiones políticas se tomen en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU, el único espacio multilateral con mecanismos de participación inclusivos, democráticos y basados en la corresponsabilidad. “El proceso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios fue diseñado para servir los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial. ¿Cómo puede ser que los gobiernos permitan que la industria socave su autoridad y soberanía?”, cuestionó Paula Gioia, pequeña productora de alimentos y miembro de La Vía Campesina.

El 26 de julio se organizaron tres mesas redondas para desenmascarar la Cumbre de la ONU y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia. “Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, dijo Ali Aii Shatu del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales y se hicieron eco de una declaración compartida por cientos de académicos en una carta reciente. “No necesitamos una nueva Interfaz Ciencia-Política para la alimentación. En cambio, deberíamos fortalecer los modelos existentes, como el Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN),” reiteró Zoltán Kalmán, Embajador retirado y ex representante permanente de Hungría ante los organismos de la ONU para la alimentación y la agricultura en Roma. En la misma línea, el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente su retirada del proceso UNFSS.

El 27 de julio, la contra-movilización continuó cobrando impulso con 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados como la lucha por la soberanía alimentaria en el Caribe y Latinoamérica, las maneras en que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyen alternativas basadas en la justicia, y la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial. En una de las sesiones, Shalmali Guttal de Focus on the Global South dijo: “Necesitamos más control sobre las grandes empresas y una normatividad más estricta, que priorice el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad.” Cuatro sesiones estuvieron centradas en celebrar la visión de las personas para recuperar el poder y transformar los sistemas alimentarios industriales en Abya Yala (América Latina y el Caribe), Turtle Island (América del Norte), África y Asia.

La contra-movilización culminó con declaraciones de líderes indígenas y representantes de movimientos sociales, además de una ceremonia mística en lengua zapoteca. Saúl Vicente, del Consejo Internacional de Tratados Indios, cerró la sesión con un mensaje de esperanza: “Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”.

La Respuesta autónoma del pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas ahora está evaluando los resultados de la Pre-cumbre y monitoreará la Cumbre a medida que se vaya haciendo pública nueva información. Sin embargo, ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden. Entre ellos se encuentran los instrumentos legalmente vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales, poner fin al uso de plaguicidas y poner fin al monopolio mundial sobre las semillas y la privatización de la biodiversidad y los bienes comunes. La Cumbre oficial se celebrará en Nueva York en septiembre de 2021.

Declaración de apertura de la Contra-Movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos

Frente a la actual pandemia de COVID-19, el caos climático, el aumento del hambre y todas las formas de malnutrición, la destrucción ecológica y las múltiples crisis humanitarias, nosotras[1], las personas que integramos los movimientos sociales, las articulaciones de los pueblos indígenas, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector académico, afirmamos nuestro compromiso con la soberanía alimentaria y rechazamos la actual colonización corporativa de los sistemas alimentarios y la gobernanza de los alimentos bajo la fachada de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios.

Los sistemas alimentarios industriales y el creciente control de las cadenas alimentarias por parte de las multinacionales son responsables de las amenazas existenciales a las que se enfrentan nuestras poblaciones y el planeta, como la crisis del clima, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra, la contaminación del agua e innumerables violaciones de los derechos humanos. El control por parte de las empresas multinacionales ha dado lugar a un sistema alimentario que deja a más de mil millones de personas hambrientas, desnutridas y económicamente desamparadas[2]. Además, los productos industriales ultraprocesados causan diversas formas de malnutrición, incluidos el sobrepeso y la obesidad, afecciones que contribuyen al agravamiento de los síntomas de la COVID-19 e incluso a la muerte. Es necesario tomar medidas políticas con urgencia, desde el ámbito local hasta el internacional, para hacer frente a la creciente desigualdad, la injusticia estructural, la violencia de género y los desplazamientos; el statu quo es sencillamente insostenible para la mayoría de la población mundial.

La única solución justa y sostenible consiste en detener y transformar inmediatamente los sistemas alimentarios globalizados controlados por las multinacionales. El primer paso en este camino es reconocer, llevar a la práctica y dar pleno cumplimiento al derecho humano a una alimentación adecuada. Este derecho, que es fundamental, también es indivisible de otros derechos humanos básicos, como los derechos a la salud, a la vivienda, a unas condiciones de trabajo seguras, a unos salarios dignos, a la protección social, a un ambiente limpio y los derechos civiles y políticos, incluidas la negociación colectiva y la participación política, que deberían ser, en sentido colectivo, el núcleo de todos los procesos relacionados con el sistema alimentario. Con esta importante orientación, las políticas públicas en materia de alimentación y la gobernanza deben dar respuesta a los medios de vida e intereses de las personas más vulnerables y de las generaciones futuras, ofreciendo protección y promoción a las campesinas y los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades de pescadores, las de pastoralistas, las trabajadoras y los trabajadores, las personas sin tierras, las personas que viven en los bosques, las consumidoras y los consumidores y las poblaciones urbanas que sufren la pobreza, y respetar nuestros límites planetarios. Son estos sectores los que más merecen ser el centro de atención cuando se abordan cuestiones como la gobernanza y la formulación de políticas. Rechazamos cualquier proceso vacío sobre los sistemas alimentarios, que ignore nuestros derechos humanos y no conceda explícita y significativamente la importancia que merecen a estos agentes de los sistemas alimentarios.

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021, impulsada por el Secretario General de las Naciones Unidas poco después de firmar un acuerdo global con el Foro Económico Mundial, no cumple esos requisitos fundamentales. El Foro Económico Mundial fue establecido por 1 000 de las mayores corporaciones del mundo, y sus afiliados han estado controlando el diseño, la estructura, los procesos, la gobernanza y el contenido de la Cumbre: la presidenta de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA) es la Enviada Especial de la Cumbre; el “Grupo Científico” está formado por agentes patrocinados por empresas que legitiman los sistemas de conocimiento y tecnología de propiedad corporativa; y las “soluciones innovadoras” que surgen de las vías de acción de la Cumbre han sido concebidas para profundizar en el control corporativo sobre todos los aspectos de nuestros sistemas alimentarios e imponer nuevas reglas para proteger los intereses y beneficios de un puñado de empresas multinacionales.

Las grandes corporaciones multinacionales, incluidas las que dominan las comunicaciones sociales y especulan en los mercados de productos de predicción, se están infiltrando cada vez más en los espacios multilaterales de las Naciones Unidas para cooptar la narrativa de la sostenibilidad y desviarla hacia los canales de una mayor industrialización sirviéndose de las tecnologías digitales y biológicas, la extracción de las riquezas y el empleo de mano de obra de las comunidades rurales, y la concentración del poder corporativo. Rechazamos las falsas soluciones que seguirán oprimiendo y explotando a las personas, las comunidades y los territorios.

En lugar de basarse en los derechos humanos, la Cumbre pretende ser un foro de múltiples partes interesadas en el que sus participantes, ya sean gobiernos, particulares, agencias o representantes de organizaciones, reciben un boleto simbólico para formar parte del público de este evento. Pero las partes interesadas no son necesariamente titulares de derechos: los derechos y la soberanía de las personas y las comunidades no deben confundirse con los intereses empresariales del sector privado. Pese a que entre el 70 % y el 80 % de los alimentos del mundo son producidos por agricultores en pequeña escala que tienen una poderosa voz colectiva, este proceso individualizado de múltiples partes interesadas da un poder desmesurado a unos pocos poderosos que controlan los mercados alimentarios, agrícolas y de capitales. La falta de salvaguardias adecuadas contra los conflictos de intereses en los procesos de la Cumbre ha permitido que las coaliciones impulsadas por las empresas se posicionen como agentes de aplicación de políticas públicas con recursos públicos, pero sin los mecanismos de rendición de cuentas, el mandato y las normas de transparencia de las instituciones públicas. No aceptaremos un proceso de este tipo, especialmente en el ámbito de la agroecología, porque, desde el punto de vista de los derechos humanos, las políticas para fortalecer la agroecología son una obligación de los Estados y de los organismos de las Naciones Unidas, debido al papel crucial de la agroecología en la consecución del derecho a una alimentación adecuada y otros derechos humanos[3].

Esta Cumbre se diferencia de las anteriores cumbres mundiales de las Naciones Unidas sobre la alimentación en que no será un evento multilateral en el que los acuerdos negociados podrían proporcionar una orientación clara para los procesos de toma de decisiones y los mecanismos de rendición de cuentas que delimitan las responsabilidades de los Estados. La apropiación por parte de las multinacionales, la multiplicidad de partes interesadas y la falta de referencias hacia los derechos humanos amenazan los más altos estamentos de las Naciones Unidas, incluida la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA), el principal y más inclusivo organismo multilateral para la gobernanza alimentaria, que tiene la autoridad y la legitimidad para dirigir este proceso. Consideramos inaceptable que la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, como proceso no normativo con una estructura de gobernanza ilegítima, intente delegar sus resultados y su seguimiento en el CSA, que se rige por un sistema intergubernamental; la Cumbre no posee ni la legitimidad ni la autoridad para ello, y ese enfoque vulnera el mandato y el estatuto de reforma del CSA. Condenamos este intento de socavar el CSA, y exigimos que se reconozcan y refuercen su visión y sus procesos inclusivos. Instamos a nuestros gobiernos a defender el multilateralismo, la elaboración de políticas basadas en los derechos y la participación —tal y como han establecido los Estados Miembros de la FAO en relación con las normas de participación de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales—, así como la responsabilidad política.

La lucha por unos sistemas alimentarios sostenibles y justos no puede desvincularse de las realidades de los pueblos cuyos derechos, conocimientos y medios de vida no han sido reconocidos ni respetados. Conocemos las soluciones factibles para abordar los problemas sistémicos de nuestros sistemas alimentarios.

Como hemos exigido en nuestra Respuesta autónoma de los pueblos a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios[4], los cambios en dichos sistemas deben ser ecológica y socialmente transformadores. Desde 1996, los movimientos sociales y la sociedad civil vienen desarrollando un movimiento y procesos comunitarios de gobernanza en torno a la visión de la soberanía alimentaria, tomando como referencia para ello a las personas que se ocupan de la producción de alimentos en pequeña escala y a las trabajadoras y los trabajadores, y basándose en las prácticas agroecológicas y los movimientos urbanos. En este 25.º aniversario de la soberanía alimentaria, reafirmamos nuestra unidad y compromiso para impulsar estrategias radicalmente transformadoras que reconozcan las necesidades de los pueblos, les otorguen dignidad, respeten la naturaleza, antepongan a las personas frente a los beneficios económicos y se resistan a la apropiación de las empresas multinacionales, y para hacerlo colectivamente hacia un sistema alimentario justo y digno para todas las personas.