La Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el daño que producen los agrotóxicos en los niños

La institución científica publicó, por primera vez, un documento que reúne bibliografía científica que confirma el impacto del modelo de agronegocio en la salud de niños y niñas. “Las evidencias en sí mismas son contundentes”, afirma la investigación. Y, ante la falta de estadísticas oficiales y políticas sanitarias para los menores de edad, el trabajo propone herramientas metodológicas para avanzar en relevamientos epidemiológicos.

La Sociedad Argentina de Pediatría confirmó el daño que producen los agrotóxicos en los niños

Por Nahuel Lag

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) saldó una cuenta pendiente con las comunidades expuestas al modelo agropecuario intensivo dominante al publicar la guía Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil, con el objetivo de concientizar a los trabajadores de la salud infantil y proveer información a la comunidad médica para abordar las enfermedades asociadas a los 520 millones de litros de herbicidas, insecticidas y fungicidas que se utilizan en el país por año, según datos privados. El documento busca comenzar a revertir una deuda del Estado con la salud pública: la falta de estadísticas e informes epidemiológicos, que permitan cuantificar la dimensión del problema; y también un reconocimiento a la lucha de los vecinos de los pueblos fumigados que motorizaron medidas de resguardo en todo el país.   

El documento, impulsado por la Comisión de Salud Ambiental de la SAP, fue elaborado por un equipo multidisciplinario integrado por médicos, investigadores y científicos integrantes de organizaciones e instituciones de referencia en el estudio del impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente, como el Instituto de Salud Socio Ambiental de la Universidad de Rosario (Inssa), la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, la Cátedra de Embriología de la Facultad de Medicina de la UBA, el Grupo Gesta de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y los hospitales Garrahan y Posadas.   

Las evidencias en sí mismas son contundentes y ameritan entrenarnos como profesionales de la salud en la identificación de problemas sanitarios que puedan estar relacionados con estos aspectos y colaborar con la erradicación o drástica disminución del uso de estos tóxicos”, sentencian Ignacio Bocles —médico de la cátedra de Embriología UBA— y Damián Markov —pediatra integrante del Comité de Salud Ambiental de la SAP— en el capítulo sobre “Efecto de los agrotóxicos en el desarrollo embrionario y en el sistema nervioso infantil”. 

A lo largo de 12 capítulos, la guía hace un repaso de la bibliográfica sobre usos de agrotóxicos en el país, el perjuicio en la salud infantil de los productos mayormente utilizados en los campos de la Argentina como clorpirifos, atrazina, imidacloprid, 2-4D, Paraquat, carbofuran y glifosato. Precisa material científico publicado en libros y revistas especializadas, poniendo el énfasis en los años recientes.  

El nutrido aporte de documentación científica de cada capítulo pone en jaque el latiguillo de “debatir con base científica”, que las cámaras agropecuarias, multinacionales de la agroindustria y funcionarios públicos utilizan para desprestigiar las denuncias de las asambleas ciudadanas, movimientos campesinos y profesionales de la ciencia digna para intentan bloquear la discusión sobre los impactos del modelo agrotóxico en la salud y el ambiente.  

La coordinadora del documento, María Gracia Caletti —pediatra nefróloga, consultora del Hospital Garrahan e integrante de la Comité de Salud Ambiental de la SAP—  sentencia: «Es de conocimiento público el efecto perjudicial de los agrotóxicos sobre la salud humana tanto a nivel agudo como crónico. Este efecto sobre la salud tiene una sólida fundamentación científica«. 

Caletti califica al efecto de los agrotóxicos en la salud infantil como “un problema de salud pública que en la Argentina adquiere una dimensión muy grande, y que no está siendo resuelto de una manera adecuada”. Entre la deficiencias que impiden un correcto control sanitario del uso de los agrotóxicos, la pediatra consultora del Garrahan enumera: 

  • Falta de leyes e incumplimiento de las existentes. 
  • Ausencia de personal de salud capacitado en el tema. 
  • Falta de concientización de la población. 
  • Falta de educación comunitaria. 
  • Ausencia de registros médicos adecuados. 
  • Ausencia de estadísticas. 

«La mayoría de los países desarrollados tiene legislación restrictiva sobre el uso de estos productos. Incluso Francia tiene una legislación que obliga a disminuir, cada 5 años, el 30 por ciento de agrotóxicos usados hasta dejar de utilizarlos en el 2035″, compara la integrante del Comité de Salud Ambiental de la SAP y convoca: «Hay mucha tarea por realizar en la Argentina, tanto dentro del sector salud como fuera de él». 

Respecto de la ausencia de estadísticas oficiales, último punto mencionado por la coordinadora del documento de la SAP, recién en noviembre pasado el Poder Ejecutivo convocó —a través de los ministerios de Agricultura, Ciencia y Tecnología, y Ambiente— a la comunidad científica para analizar la presencia de agroquímicos en suelo, agua, aire y organismos vivos. Fue a 24 años de la aprobación del primer evento transgénico resistente al glifosato. 

Un documento urgente para la salud infantil      

«Si bien hay múltiples publicaciones que dan cuenta de diversos efectos perjudiciales de los agroquímicos sobre la salud, no disponemos en el ámbito pediátrico nacional de un documento que resuma los hallazgos sobre el efecto de los agrotóxicos en la población infantil ni aborde esta problemática de modo integral”, destacan  Florencia Arancibia — socióloga e investigadora del Conicet por la Unsam—  Alejandro Vallini —pediatra y miembro del Inssa—, Javier Souza Casandinho —ingeniero agrónomo (UBA) y experto en plaguicidas y agroecología—  y la propia Caletti en el Capítulo 4 respecto del hito histórico que significa la publicación de este documento por parte de la SAP. 

Los especialistas plantean como contexto la laxitud de la normativa argentina respecto de los agrotóxicos, situación que permite que un total 107 agrotóxicos permitidos en la Argentina están prohibidos en al menos un país en otras partes del mundo, al tiempo que “no existe todavía ninguna Ley Nacional que regule el uso de estos productos en todo el territorio nacional”.

En su capítulo sobre “Salud infantil y exposición a pesticidas en la Argentina”, Medardo Ávila Vázquez —médico pediatra y neonatólogo, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados— grafica la magnitud de la aplicación del modelo agrotóxico en la Argentina: “Desde el año 1996 la cantidad de pesticidas que se aplican en el país aumenta permanentemente, por la extensión de cultivos de semillas genéticamente modificadas. Estos cultivos cubren 30 millones de hectáreas de un territorio donde viven (en pequeñas ciudades y pueblos) más de 12 millones de personas y tres millones de niños”.  

“Una gran cantidad de pediatras atienden pacientes que viven en zonas agroproductivas que están expuestos en forma directa e indirecta a los agrotóxicos”, exponen los especialistas en el capítulo que analiza la situación actual de la problemática sanitaria y ambiental y apuntan que aunque son necesarias “medidas de resguardo a la exposición a agrotóxicos que garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano a todos los niños”, en el país es “escasa información epidemiológica local sobre la salud de pueblos sometidos a fumigación sistemática”. 

Como contrapunto a la falta de información epidemiológica, el estudio realizado, en 2014, por Medardo Ávila Vázquez en la localidad de Monte Maíz, Córdoba. «Los resultados preliminares fueron alarmantes: la población de Monte Maíz tiene cinco veces más casos de cáncer que los estimados en la OMS, un 25 por ciento más de problemas respiratorios tipo asma y casi cinco veces más de abortos espontáneos».

Otra de las experiencias de relevamiento de impacto en la salud de los agrotóxicos es la de los Campamentos Sanitarios que entre 2010 y 2019 impulsó el Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) dentro de la materia “Práctica Final” de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Se realizaron relevamientos en más de 37 localidades de cuatro provincias (Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba), donde viven más de 170 mil personas expuestas a los agrotóxicos. 

La experiencia de los campamentos fue reunida recientemente en el libro Transformaciones en los modos de enfermar y morir en la región agroindustrial de Argentina, incorporada a la bibliografía citada en el documento de la SAP y escrito por dos de los integrantes del grupo que redacta el documento Vallini y Damián Verzeñassi —médico especialista en Medicina Legal, director del Inssa y de la Carrera de Medicina de Universidad Nacional del Chaco Austral—. Confirmaron incrementos en la incidencia de enfermedades alérgicas respiratorias y pulmonares obstructivas, diagnósticos tempranos de Alzheimer o enfermedad de Parkinson, aumento de partos espontáneos e incremento de las apariciones de malformaciones congénitas. 

Como ejemplo de los impactos en el ambiente, los especialistas citan dos casos recientes de hallazgos de una inédita mortandad de peces en los ríos Pilcomayo (Formosa) y Salado (Santa Fe). En el caso del río Salado, abrió una investigación judicial espontánea que solicitó un informe a la Universidad Nacional del Litoral, donde confirmaron la presencia de glifosfato y clorpirifos en las muestras de agua y tejidos.

Un impulso para continuar investigando sobre el efecto de los agrotóxicos

“El presente documento también podría estimularlos a generar conocimientos científicos relacionados, a partir de sus experiencias cotidianas u observaciones clínicas hechas en sus propios territorios”, se esperanzan los autores del documento de la SAP sobre la reacción que se pretende con este primer documento sobre el Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil y lamentan que “salvo las localidades donde se han dado intensas luchas por parte de los vecinos afectados y se han logrado algunas ordenanzas municipales restrictivas, casi no existen restricciones al uso” de agrotóxicos. El recorrido de la lucha de las asambleas vecinales y las redes de médicos cuenta con un capítulo especial “—Marco regulatorio y conflicto social alrededor de los agrotóxicos”—, escrito por Arancibia. 

El documento de la SAP surge como iniciativa del Comité de Salud Ambiental, tras dos años de trabajo; pero cuando el propio organismo de medicina pediátrica llevaba años reconociendo la problemática, por ejemplo, con su adhesión al Convenio de Rotterdam  —establecido en 2004— que abarcaba inicialmente 22 plaguicidas. Mientras que la OMS, en 2005, reveló que el 40 por ciento de la carga mundial de morbilidad infantil se atribuye a factores de riesgo ambiental y afectan a niños menores de cinco años, que representan alrededor del diez por ciento de la población mundial. 

«La Sociedad Brasileña de Pediatría ha empezado a exigir ese camino con fuerza, reclamando en su país, una política de reducción en el uso de agrotóxicos. En Argentina también debemos solicitar ese tipo de políticas que se desarrollan en otros países del mundo con éxito. Necesitamos decisiones políticas en ese camino, pero también que los pediatras garantes de los Derechos del Niño los reclamemos con firmeza», sostiene  Medardo Ávila Vázquez en el capítulo que escribe para el documento de la SAP. 

Con el objetivo de impulsar a los pediatras a tomar cartas en el asunto de manera urgente, la coordinadora del documento escribe un capítulo especial sobre “Registros médicos” y se deja a mano de los profesionales de la salud, en los anexos, una serie de herramientas de rápida implementación como “modelos consultados de historia clínica ambiental”, una lista de laboratorios de toxicología de todo el país y un detalle sobre las “fases en el proceso histórico y percepción de los efectos socioambientales”. 

“Si deseamos contribuir al diseño de estrategias para combatir el daño de los agrotóxicos a la salud, el registro formal de los problemas de salud asociados a ellos es una de las condiciones imprescindibles”, resalta Caletti y reconoce la necesidad de generar un sistema adecuado de registro, por lo que deja a disposición la información de los anexos del documento y recomienda la consulta de la historia clínica ambiental utilizada por el Hospital Garrahan y otros hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.

Para allanar la tarea y poner en común conocimientos ya construidos, el documento cuenta con un capítulo escrito por Marta María Méndez —médica toxicóloga, Servicio de Toxicología del Hospital Posadas—. En su escrito repasa los conocimientos básicos sobre la toxicidad de los herbicidas y sus análisis clínicos.   

“Los estudios epidemiológicos son los mejores indicadores de los efectos de los herbicidas y plaguicidas, sobre la salud humana”, sostiene Méndez y advierte: “Estos estudios se complican por la existencia de exposición simultánea a múltiples sustancias y a las variantes genéticas que explican la diferente susceptibilidad individual a un herbicida y/o plaguicida”. Por lo que insiste en lograr una “utilización sistematizada de la historia clínica ambiental” para superar “la dificultad en el registro de las intoxicaciones y la relación entre la enfermedad y el antecedente de la exposición al tóxico”.

Evidencia científica sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil 

El documento de la SAP cuenta con un centenar de citas bibliográficas a documentación científica sobre el efecto de los agrotóxicos en la salud infantil, pero los capítulos escritos por Souza Casandinho, Ávila Vázquez, Pablo Cafiero —pediatra del Desarrollo y jefe de Clínica del Servicio de Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan—, Bocles y Markov se detienen de manera extensa en la prueba científica existente.  

«Si bien los primeros estudios científicos en la primera década del 2000 fueron objeto de persecución política (caso Andrés Carrasco en Argentina y Gilles-Eric Séralini en Francia), en la actualidad no solo sus trabajos son ampliamente aceptados, sino que también se multiplicaron los grupos de investigación que estudian su toxicidad desde diversos puntos de vista», advierten Markov y Bocles sobre el falso debate que sostienen representantes del agronegocio y funcionarios públicos cuando desacreditan las denuncias de los impactos en la salud por la supuesta falta de “base científica”.  

En su capítulo, Medardo Ávila Vázquez recuerda que “muchos pesticidas han sido analizados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) de la OMS y la mayoría han sido clasificados como cancerígenos con distintos niveles de evidencia”. Precisa: “El glifosato, el pesticida más utilizado en Argentina, está clasificado en el segundo nivel de riesgo de cáncer”. 

En ese sentido, cita estudios internacionales en los que se demostró el vínculo entre pesticidas y cáncer, considerando leucemias que son los cánceres más frecuentes en la niñez, y que son mucho mayores en hijos de madres expuestas a pesticidas. 

Además, los especialistas recuerdan que “los niños presentan una vulnerabilidad particular a las exposiciones ambientales a plaguicidas, en relación a su mayor superficie corporal, mayor exposición y tasa de absorción por todas las vías, la presencia de succión no nutritiva y por vía de lactancia materna” y subrayan que debido a lo restringido de su dieta, “en los primeros cinco años, acumulará el 50 por ciento de la exposición a plaguicidas, que recibirá en toda su vida”.

En su capítulo, Souza Casadhino agrega otro factor de riesgo para los niños en los ámbitos rurales y es que “la existencia de partículas de suelo contaminadas puede afectar a los seres humanos en forma directa durante la ingestión de tierra, en países donde los niños acompañan a los padres en la ejecución de tareas productivas” y denuncia la “neutralidad pretendida” de quienes insisten en llamar “fitosanitario” a los agrotóxicos para evitar que “el usuario tome una real dimensión del carácter tóxico del producto y de los problemas derivados de un uso inadecuado”. En ese mismo tono, hace un llamado a deconstruir las denominadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

En relación a las denominadas BPA, los especialistas marcan como otro factor de riesgo de contaminación la presencia de agrotóxicos en los alimentos: por aplicación directa, por acumulación en la cadena alimentaria o por los procesos de industrialización, transporte y almacenamiento de los productos comestibles.  

Como síntesis de los trabajos citados respecto del efecto de los agrotóxicos en la salud infantil, se pueden enumerar:

  • Efectos sobre el neurodesarrollo: déficits de atención, hiperactividad, trastornos de aprendizaje, autismo. 
  • Enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y Parkinson.
  • Tumores sólidos de la infancia, por ejemplo, una elevada tasa de cáncer renal fue asociada con exposición paterna a pesticidas en la actividad agrícola.
  • Cánceres hematológicos: Linfoma, Hodgkin’s y Leucemia 
  • Genotoxicidad, inmunotoxicidad y susceptibilidad genética

“Desde hace décadas, las comunidades que se perciben afectadas y se movilizan para mejorar su salud socioambiental nos exigen a los profesionales de la salud en general y a los médicos en particular que nos involucremos en la problemática. Nos solicitan que colaboremos con la evaluación y el diagnóstico de aquello que perciben que les afecta y nos afecta”.  

Para descargar el informe:

Fuente: Tierra Viva

Por Nahuel Lag

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