España es el país de la UE con más tierra destinada a agricultura orgánica. El dato pasó desapercibido ante la situación límite que ha movilizado a agricultores y ganaderos desde el pasado 28 de enero. Las tierras destinadas a agricultura orgánica en la Unión Europea aumentaron un 34% entre 2012 y 2018, y España es el país que más superficie destina a este tipo de cultivos: un 16,7% del total. Una estadística positiva que Eurostat aportaba en medio de la tormenta desatada por la agónica situación de los productores del sector primario, que el miércoles 5 volverán a presentarse en las puertas del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Madrid contra los “ataques” que reciben por distintos flancos y con la amenaza que pende sobre ellos en forma de recorte de las ayudas de la Política Agraria Común.

Abel Esteban, de la cooperativa Garúa de educación socioambiental, y miembro de Ecologistas en Acción, resalta cómo se trata de un buen dato dentro de un contexto de macroestadísticas negativas. Frente al abandono del campo —la EPA publicada el 28 de enero muestra que el sector da empleo a 793.900 personas en España, menos del 5% de la población— y la reducción de productores agrícolas profesionales, “el hecho de tener estadísticas positivas en crecimiento de productores, de superficie, en ecológico, es una buena noticia, porque parece una de las pocas tendencias en el sector que van en contra de esa inercia en la que cada vez hay menos gente de la agricultura, generando menos economía”.

La coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF España, Celsa Peiteado, recuerda que las buenas prácticas no se circunscriben sólo a las explotaciones que la Unión Europea avala con sus sellos y controles, si no que hay una parte del sector formado por agricultores y ganaderos que “no necesariamente tienen certificados pero también apuestan por esas buenas prácticas y que encabezan esa transición agroecológica que necesitamos”.

Con sello o sin sello, lo cierto es que la agroecología crece, mientras el modelo industrializado está en discusión por los objetivos sobre cambio climático marcados por el nuevo Gobierno de coalición. Mientras, como ya sucedió en Francia con el surgimiento de los Chalecos Amarillos, se reproducen las protestas de trabajadores del campo que no quieren “pagar el pato” de los mecanismos de control de las emisiones contaminantes, el sector agroecológico discute la Política Agraria Común vigente y trata que la próxima PAC incremente sustancialmente las ayudas a las explotaciones de mayor valor socio-ambiental, como defiende Celsa Peiteado, coordinadora de la plataforma “Por otra Pac”, que agrupa a 37 entidades de distintos campos: ganaderas en red, productores ecológicos, asociaciones de consumidores y ONG ambientales.

La clave de la política común

En diciembre de 2018, la web Agroinformación.com se hacía eco de un informe de la Universidad de Oviedo que ha calculado que en el periodo de 2007 a 2014, y como consecuencia de la reducción de ayudas de la Política Agraria Común, se perdieron en España 11.000 explotaciones agrarias cada año. La controvertida PAC, el eje del sistema de integración europeo, ya que condiciona la gestión del 80% del suelo de la UE y acumula casi un 40% del presupuesto total de la Unión, se encuentra ahora mismo en fase de renovación. Se negocia con un año de retraso debido a los cambios que va a producir el Brexit, y aún no se han cerrado los borradores definitivos de los distintos reglamentos, que marcan cuestiones fundamentales para el agro como la adaptación, o no, a la crisis climática, el uso, o no, del agua de regadío y un largo etcétera.

Si se cumplieran los plazos, en 2021 debe entrar en vigor la política para los siguientes siete años y confirmarse si los borradores propuestos inicialmente por la Comisión Europea que, según recuerda Peiteado sí introdujeron novedades que podían ayudar a “un giro hacia una transición ecológica”. Los problemas han venido, no obstante, en las negociaciones con los ministros comunitarios de Agricultura, que han desdibujado, en palabras de esta responsable de WWF, los cambios introducidos en un comienzo.

“El principal indicador para saber si se reorienta la PAC es si se acaba o no con los derechos históricos”, indica Celsa Peiteado. Los llamados “derechos históricos”, que se calculan en función de lo producido en el periodo de 2000 a 2003 consisten en ayudas directas que priman un modelo de producciones intensivas, tabaco, algodón o remolacha y que distorsionan el valor añadido real de las explotaciones inclinando la balanza a favor de la agricultura intensiva y los grandes tenedores de la tierra.

Las cifras provisionales muestran hasta qué punto la disputa es importante. La nueva PAC puede suponer una provisión de 10.000 millones de euros para el sector primario solo en España —62.000 en el conjunto de la UE— pero el reparto tradicional asociado a esos derechos históricos indica que pocos salen beneficiados. Un estudio de septiembre de 2019 de Alan Matthews para Agricultural and Rural Convention mostraba que la concentración de las ayudas de la PAC en España es la tercera mayor de la Europa occidental, solo por detrás de Portugal e Italia. El 80% de las ayudas en el conjunto de la UE va a parar a un 20% de las explotaciones. Siete de cada diez beneficiados recibe, por el contrario, menos de 5.000 euros anuales.

Una investigación del New York Times reflejó como en Europa del Este, estos grandes terratenientes beneficiados por el actual estado de las cosas en la PAC son figuras como el primer ministro checo, Andrej Babis, que obtuvo 42 millones de euros en subsidios en 2018. En el caso del premier húngaro, Viktor Orban, los periodistas Selam Gebrekidan, Matt Apuzzo y Benjamin Novak sostienen que utiliza las ayudas de la PAC para beneficiar a su familia y a sus fieles, así como para castigar a sus rivales políticos.“Necesitamos que la PAC asegure que estas explotaciones pueden seguir siendo viables”, recalca Celsa Peiteado

España no es una excepción en la colección de apellidos ilustres asociados al reparto de la PAC. El modelo de derechos históricos ha favorecido desde su implantación a la casa de Alba —la primera terrateniente de Andalucía—, los Domecq, o las compañías de distribución Mercadona y Don Simón han sido beneficiados por el modelo de ayudas seguido hasta ahora.

El objetivo, señala Peiteado, es que la futura PAC incline la balanza hacia otro modelo agrícola, que sea “justa con las personas que nos alimentan de manera responsable, sana para los consumidores, respetuosa con la naturaleza y que tenga también en cuenta sus impactos fuera de Europa”. El peso específico de la PAC y las ayudas es tan significativo que implica al menos a dos Ministerios, Agricultura y Transición Ecológica que, desgajados, tienen distintos objetivos. El dirigido por Luis Planas intentará satisfacer al sector, el segundo, ve en la PAC una oportunidad para revitalizar la Ley de Desarollo Rural, sin dotación presupuestaria desde 2011, y una ventana para comenzar a echar a andar dos de los objetivos más ambiciosos del Ejecutivo: la transformación verde y el reto de revitalizar la llamada “España vaciada”.

Soluciones y batallas

Con las imágenes del enfrentamiento entre la policía nacional y los trabajadores del campo y dueños de explotaciones agrícolas del pasado 29 de enero en Don Benito (Badajoz) se estableció un nuevo debate en las redes sociales de la izquierda española realmente existente. El runrún acerca de las ayudas de la PAC, la sensación de que el sector está siendo manipulado contra el Gobierno de Sánchez —y el uso de la subida del SMI por parte de algunos medios para apuntar a una revuelta del campo contra PSOE y Unidas Podemos— y la indistinción entre pequeños propietarios y grandes terratenientes que tiende a darse en los entornos metropolitanos, generó cierta corriente de hostilidad ante unas manifestaciones que, en líneas generales, apuntaban al problema básico: el circuito de distribución y la diferencia entre los costes de producción y los precios finales, que no repercuten en los trabajadores agrícolas.

Autor:  Pablo Elorduy     Fuente: El Salto