La legislación europea en materia de regulación del agua se basa en dos principios esenciales, el de recuperación de costes y el de que quien contamina paga. Para la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Servicios de Agua (EurEau), estos principios deberían incluirse en los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (EPR) para que las empresas asuman la carga y el coste de abordar la contaminación de las fuentes de agua por sus residuos.

Citando los hallazgos de un estudio que encargó a la consultora Deloitte, EurEau ha señalado que la legislación de la Unión Europea brinda “oportunidades claras para EPR si las medidas de control en la fuente por sí solas no son suficientes para reducir de manera efectiva los microcontaminantes y los microplásticos emitidos por productos durante su ciclo de vida ”.

“El tratamiento adicional para cumplir con los requisitos legislativos actuales o futuros para el agua potable y las aguas residuales con respecto a los microcontaminantes y microplásticos dará como resultado una inversión de varios miles de millones de euros por año en tecnologías avanzadas de tratamiento de agua y costos operativos adicionales, a menos que se tomen medidas efectivas de control de la fuente”, explican.

En este sentido, el estudio de Deloitte sobre la responsabilidad de los productores de evitar que los microcontaminantes ingresen al medio ambiente revela que la UE debería implementar mejor la legislación existente para mantener el agua al alcance de todos.

El estudio, encargado por EurEau, confirma que las medidas de control en origen deben mejorarse de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 191.2 del Tratado de la UE; y cuando esto no sea suficiente, la legislación debería introducir esquemas de EPR justos y efectivos.

Es decir, que los proveedores de servicios de agua no deberían tener que pagar el coste depuración de esos nuevos contaminantes emergentes cuando sean necesarios tratamientos adicionales, sino que hay que identificar su origen para trasladar ese coste a los contaminadores.

De otra manera este sobrecoste finalmente se transferiría al consumidor de agua y afectaría a la asequibilidad de este bien esencial reconocido como Derecho Humano.

Contaminación agrícola

El estudio ha analizado los proyectos llevados a cabo en el origen de la contaminación del agua por nitratos procedentes de la actividad agraria en los distintos países europeos y concluye que, a pesar de que los proyectos desarrollados entre los operadores del ciclo integral del agua y el sector agropecuario son beneficiosos, no consigue eliminar esa contaminación por nitratos que termina llegando a depuradoras. Es allí donde habrá que invertir en sistemas de eliminación adicionales para cumplir los requisitos de la nueva normativa europea de calidad de las aguas.

Deloitte analiza los diferentes proyectos desarrollados en colaboración con los agricultores y los operadores del agua que han requerido importantes desembolsos para tratar de mejorar las prácticas agrarias de manera que se minore la lixivación y llegada a las depuradoras de restos de fertilizantes, pesticidas o microplásticos.

En este aspecto EurEau ha recalcado que el principio de “quien contamina paga” no debe ser reemplazado por el principio de “el contaminador recibe dinero para no contaminar” y por ello señala que estos proyectos deberían ser elegibles para recibir fondos de la Política Agrícola Común.

Aún así, estos proyectos deben ser complementarios, pero no pueden sustituir, requisitos legislativos claros, que incluyan objetivos, umbrales y plazos de cumplimiento y que garanticen la plena aplicación del Principio de precaución, el Principio de control en origen y el principio de quien contamina paga.

Por ejemplo, reitera su pleno apoyo al desarrollo y la obligación de aplicar por parte de los agricultores de las herramientas de sostenibilidad agrícola para nutrientes como se describe en el artículo 12 y el Anexo III de la Propuesta de Reglamento. En él se establecen normas de apoyo a planes estratégicos que deberán elaborar los Estados miembros en virtud de la Política Agrícola Común (Planes estratégicos de la PAC) y financiado por el FEAGA y el FEADER.

Esta herramienta podría convertirse en una medida poderosa para limitar las emisiones de nitrato al ciclo del agua, siempre que los resultados y las recomendaciones sean implementados por los agricultores.

Los proyectos de colaboración desarrollados hasta ahora son un testimonio de la voluntad del sector del agua para cooperar con los agricultores y la rentabilidad de las medidas preventivas frente a tratamiento al final del ciclo, en la depuradora.

“Esta es una prueba más de la necesidad urgente de una mayor consistencia, coherencia e implementación adecuada de la legislación marco vigente (PAC, Directiva sobre nitratos, Reglamento sobre productos fitosanitarios, biocidas, regulación y legislación del agua), con el fin de evitar que las empresas de servicios de agua tengan que invertir en soluciones de depuración”, señala el estudio.

EurEau representa al sector del agua potable y operadores de aguas residuales de 29 países en Europa, tanto de sectores privado y público, entre otros la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS).

Fuenter: El Ágora