Comunicado del Panel Internacional de Expertos sobre
Sistemas de Alimentación Sostenible (IPES-Food) – abril de 2020

La crisis de salud del COVID-19 ha provocado una crisis económica y está agravando rápidamente la actual crisis de seguridad alimentaria y nutrición. En cuestión de semanas, el COVID-19 ha dejado al descubierto los riesgos, fragilidades y desigualdades en los sistemas alimentarios mundiales, y los ha llevado al punto de ruptura.

Nuestros sistemas alimentarios llevan décadas al borde del precipicio: niños que dependen del comedor escolar para no pasar hambre; países en los que una prohibición de exportación provocaría escasez de alimentos; granjas que no tendrían mano de obra si se prohibieran los desplazamientos; y familias en las regiones más pobres del mundo que no pueden perder ni un solo día de trabajo por correr el riesgo de la inseguridad alimentaria, coste insostenible de la vida y la migración forzada.

Los confinamientos e interrupciones provocados por el COVID-19 han demostrado la falta de acceso de algunas personas a bienes y servicios esenciales. En los sistemas sanitarios y alimentarios, han salido a la luz lagunas, desigualdades y disparidades críticas. Estos sistemas, los bienes públicos que garantizan y las personas que los sustentan han sido infravalorados y no se les ha protegido suficientemente. Las lagunas del sistema que se han visto expuestas por el virus empeorarán por el cambio climático en los próximos años. En otras palabras, el COVID-19 es una señal de alarma de los sistemas alimentarios, que deben ser atendidos con urgencia.

Sin embargo, la crisis también ha ofrecido una visión de sistemas alimentarios nuevos y más resistentes, ya que las comunidades se han unido para paliar las brechas en los sistemas alimentarios, y las autoridades públicas han tomado medidas extraordinarias para garantizar la producción y el suministro de alimentos. Pero las crisis también han sido utilizadas por actores poderosos para acelerar los mecanismos insostenibles del “business-as-usual”. Tenemos que aprender de las lecciones del pasado y resistir frente a esas tentativas, asegurándonos al mismo tiempo de que las medidas tomadas para frenar la crisis sean el punto de partida para una transformación del sistema alimentario que genere resiliencia en todos los niveles.

Esta transformación podría traer grandes beneficios para la salud humana en todo el mundo, ralentizando la destrucción del hábitat que provoca la propagación de enfermedades; reduciendo la vulnerabilidad frente a futuros trastornos de suministro e interrupciones comerciales; volviendo a conectar a las personas con la producción de alimentos y disipando los temores que conducen a la “compra de pánico”; haciendo que los alimentos frescos y nutritivos sean accesibles y asequibles para todos, reduciendo así las condiciones de salud que hacen que las personas sean susceptibles a las enfermedades; y proporcionando salarios justos y condiciones seguras a los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria, limitando así su fragilidad ante las crisis económicas y sus riesgos de contraer y propagar enfermedades.

1. ¿Qué nos dice el COVID-19 sobre los sistemas alimentarios?

La crisis del COVID-19 ha puesto de relieve las lagunas de los sistemas alimentarios en tres frentes:

En primer lugar, la agricultura industrial está acentuando la pérdida de hábitat y creando las condiciones para que los virus emerjan y se propaguen.

El desbordamiento zoonótico ocurre como resultado de dinámicas complejas que vinculan los ecosistemas humanos y naturales con condiciones socioeconómicas y estructurales que determinan si un evento de desbordamiento se convierte o no en un brote, y si un brote se vuelve una epidemia o una pandemia.

La agricultura industrial aumenta los riesgos a través de dos vías principales. En primer lugar, la producción ganadera intensiva amplifica el riesgo de aparición y propagación de enfermedades. La probabilidad de brotes de enfermedades animales de alto impacto aumenta por el confinamiento de grandes cantidades de animales en espacios pequeños, la diversidad genética reducida, la rápida renovación de los animales y la fragmentación del hábitat a través de la expansión de la producción ganadera.

En segundo lugar, los riesgos se ven amplificados por la creciente interacción entre humanos y vida silvestre, que puede verse agravada por la destrucción del hábitat debido a la agricultura comercial, la urbanización descontrolada y el acaparamiento de tierras y recursos. Como dijo un destacado experto en enfermedades zoonóticas: “Destruye los paisajes, y las especies que te queden serán las que transmitan las enfermedades a los humanos”. Como se documenta en el Informe CBD / OMS de 2015, la propagación de los agentes patógenos se ve amplificada por el cambio climático, la destrucción del ecosistema y el cambio en el uso de la tierra, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la eliminación de barreras protectoras esenciales. Las “ventajas” del comercio internacional han abierto las puertas a los sistemas agrícolas cada vez más uniformes y han acabado con los cortafuegos de la biodiversidad.

Las pandemias más recientes, como el VIH/SIDA, el Ébola, el Virus del Nilo Occidental, el SARS1 y la enfermedad de Lyme, tienen su origen en el cambio medioambiental y en las alteraciones del ecosistema. Provienen de los animales, ya sean salvajes o domesticados. Más del 70% de las enfermedades infecciosas que han surgido en humanos desde la década de 1940 se pueden rastrear a los animales. Aunque la evidencia sobre los orígenes del brote del COVID-19 aún no es concluyente, se cree que se produjo a través de una combinación de las vías descritas anteriormente, es decir, la amplificación de enfermedades de la vida silvestre a través de huéspedes intermedios. Las granjas industriales también se han identificado como un posible punto de transmisión.

En segundo lugar, una serie de perturbaciones están poniendo a prueba la resistencia de las cadenas de suministro de alimentos y revelando vulnerabilidades subyacentes.

En el momento en el que se está escribiendo este texto, todavía no ha habido un fracaso generalizado de las cadenas de suministro de alimentos o una volatilidad extrema de los precios. Sin embargo, las restricciones relativas al desplazamiento de personas y de bienes (“confinamientos”) en un número creciente de países, están creando grandes tensiones en las cadenas de suministro locales, regionales y globales, y están poniendo a prueba la resistencia de los sistemas alimentarios, con diferentes impactos en todo el mundo.

Las cadenas alimentarias, tanto las cortas como las largas, están demostrando ser vulnerables a varios cuellos de botella logísticos. Las cadenas alimentarias largas, que dependen de flujos complejos de personas, de insumos de producción y alimentos, se verán perjudicadas por las restricciones de viaje, que impedirán probablemente la llegada de los millones de trabajadores estacionales que cruzan las fronteras cada año para trabajar en las granjas. En algunas partes del mundo, la comida no cosechada se ha tenido que dejar pudrir en los campos, mientras que el sector ganadero se enfrenta a un acceso reducido a la alimentación animal y a mataderos con capacidad insuficiente.

Mientras tanto, las perturbaciones en el transporte de colmenas comerciales podrían ocasionar escasez de abejas melíferas, un polinizador crucial, con impactos en una variedad de cultivos (por ejemplo, en China y los Estados Unidos). Los problemas también están surgiendo más a lo largo de la cadena. Los supermercados, con su modelo de abastecimiento “justo a tiempo”, están luchando para hacer frente a un aumento repentino de la demanda, lo que da lugar a estanterías vacías, sobre todo en la parte de frutas y verduras frescas en los países desarrollados.

Las restricciones a la exportación, introducidas por solo un puñado de países hasta hoy, también están interrumpiendo la circulación imprescindible de alimentos básicos. Por ejemplo, la suspensión de las exportaciones de arroz vietnamita es preocupante en Malasia, que se ha quedado con solo 2,5 meses de reservas de arroz. A su vez, se teme también que por el cierre de las fronteras por parte de Malasia, los alimentos frescos que normalmente exporta, podrían no llegar a Singapur.

En cuanto a las cadenas de suministro cortas, los problemas se han amplificado por culpa de los cierres y de las restricciones en los mercados informales y al aire libre, según los altos riesgos percibidos (por ejemplo, alta densidad, baja capacidad para hacer cumplir la higiene y el distanciamiento social). Esta es una tendencia preocupante porque los “mercados territoriales” siguen siendo el principal medio para que la mayoría de las personas puedan obtener alimentos en el Sur Global. Por ejemplo, los cierres de mercado en África, incluyendo Burkina Faso, Ruanda, Senegal, Sudáfrica y Zimbabwe, han cortado las rutas de aprovisionamiento vitales para las comunidades y los puntos de venta para los agricultores.

El COVID-19 también ha mostrado a la luz la situación precaria de los trabajadores de la industria agrícola y alimentaria y, por lo tanto, la precariedad del suministro de alimentos a nivel mundial. Estos trabajadores han seguido trabajando en gran medida para mantener el flujo de suministros de alimentos, y lo hacen a pesar de los importantes riesgos sanitarios. Las infrastructuras a lo largo de la cadena alimentaria no han podido adaptarse al distanciamiento físico y a las prácticas higiénicas sin pérdida de rentabilidad, y los trabajadores del sistema alimentario, que, irónicamente, ahora se consideran “imprescindibles” en muchos países, son los últimos en la lista para obtener material de protección, y a menudo trabajan sin prima de riesgo. Los trabajadores agrícolas migrantes, en particular, corren un alto riesgo de contraer y propagar el COVID-19, y también luchan por hacerse la prueba y recibir tratamiento. Todo esto es el resultado de las condiciones insalubres en las que vivimos y trabajamos, de los autobuses abarrotados que transportan a los trabajadores a los campos, de los obstáculos explícitos e implícitos que existen para tomarse una baja por enfermedad, y de la falta de información. Estos riesgos se suman a las condiciones generalmente insuficientes y a los bajos salarios de los trabajadores del sistema alimentario (ver más abajo).

En tercer lugar, cientos de millones de personas viven permanentemente en la cúspide del hambre, la desnutrición y la pobreza extrema y son, por lo tanto, muy vulnerables a los efectos de una recesión mundial.

Antes del golpe del COVID-19, 820 millones de personas ya estaban desnutridas, y 2 mil millones de personas sufrían de inseguridad alimentaria. Muchos millones más viven peligrosamente cerca de la línea de la pobreza: carecen de los medios económicos y físicos para procurarse alimentos por culpa del aislamiento social forzado, de las restricciones de desplazamiento, de las interrupciones de abastecimiento, de la pérdida de ingresos e incluso de la subida relativamente moderada de los precios de alimentos.

Por ejemplo, con el 25% de los pakistaníes incapaces de pagarse más de una comida al día, el primer ministro del país advirtió que una interrupción de la actividad económica sería extremadamente perjudicial. Cuando Ghana entró en confinamiento, los precios de los alimentos básicos aumentaron en un 20-33%, con importantes repercusiones para quienes viven en la pobreza. En América Latina y en el Caribe, más de 10 millones de niños dependen de los programas de nutrición escolar como una de sus principales fuentes de alimentos, lo que los hace muy vulnerables al cierre de las escuelas. La pérdida de remesas de otras partes del mundo donde la economía está en recesión será un nuevo golpe para los países en desarrollo.

A medida que las economías se detengan, los impactos serán más duros para aquellos que son ya víctimas de discriminación o marginación. A nivel mundial, las mujeres y las niñas son más vulnerables a las crisis económicas y son las más afectadas por el hambre en las familias pobres. En India, por ejemplo, el 90% de las trabajadoras están en el sector informal y se enfrentan por lo tanto a grandes pérdidas de ingresos, a raíz del COVID-19. Los trabajadores migrantes y las personas desplazadas también sufrirán, incluidas las “poblaciones excedentarias” expulsadas de sus tierras por la expansión de la agricultura industrial. Los trabajadores migrantes en la agricultura y en las ciudades conocen grandes dificultades y no pueden beneficiarse de las redes de seguridad estatales o de la solidaridad social: por ejemplo, miles de trabajadores migrantes en Myanmar, y al otro lado de la frontera en China y Tailandia, han sido abandonados a su suerte tras el cierre de fábricas.

En todo el mundo, los trabajadores del sistema alimentario son víctimas de inseguridad y bajos salarios y, por lo tanto, se encuentran entre los que corren mayor riesgo de pagar las consecuencias de las interrupciones económicas en las cadenas de suministro de alimentos y más allá. Las personas que tienen trabajos ocasionales o que trabajan en el sector de servicios, en restaurantes y comercios minoristas, sufrirán grandes pérdidas de trabajo (debido, por una parte, a las políticas de distanciamiento social y por otra parte, a la desaceleración económica en general). Seguramente verán una caída importante en sus ingresos, que ya son bajos: en los Estados Unidos, los empleos en el sistema alimentario están entre los peor pagados, principalmente los de procesamiento y servicio de alimentos (n. ° 1), lavaplatos (n. ° 2) y trabajadores agrícolas (n. ° 7).

Los agricultores también son muy vulnerables ante las perturbaciones económicas. En las zonas rurales, la Organización Internacional del Trabajo estima que “la mayoría de los empleos no garantizan niveles suficientes de ingresos para que los trabajadores puedan comprar alimentos adecuados para ellos y sus familias”. Más del 50% de los agricultores y trabajadores rurales viven por debajo del umbral de pobreza en varios países del Sur Global, con las mayores poblaciones rurales. Además, alrededor del 30% de los agricultores franceses ganan menos de un tercio del salario mínimo del país.

Por eso, la incapacidad de llevar productos al mercado y la volatilidad de la demanda, pueden llevar a la bancarrota a los agricultores o evitar que realicen inversiones clave, teniendo todo esto repercusiones en el abastecimiento de alimentos.

Incluso en los países ricos, el acceso a alimentos nutritivos está resultando limitado para millones de familias, en particular las que dependen de los bancos de alimentos que se están enfrentando al exceso de demanda y a la falta de personal, sobre todo porque los voluntarios que por edad están en el grupo de riesgo, no pueden trabajar. El COVID-19 también ha sacado a la luz las vulnerabilidades de aquellos que ya vivían en aislamiento antes de que fuera la norma (especialmente las personas mayores) y de aquellos que no tienen acceso a los grandes almacenes o a la venta minorista en línea.

La crisis también está afectando a la calidad nutricional de la alimentación. La gente está empezando a consumir artículos altamente procesados (por culpa de la “compra de pánico” de alimentos con más tiempo de conservación y por las perturbaciones de la cadena de suministro), y hay menos frutas y verduras frescas disponibles en algunas cadenas de suministro convencionales. Esto podría crear círculos viciosos: la diabetes y otras enfermedades no transmisibles relacionadas con la calidad de la alimentación, son factores de riesgo para la mortalidad por el COVID-19; una auditoría en el Reino Unido reveló que el 76,5% de los pacientes con coronavirus gravemente enfermos tienen sobrepeso. Las enfermedades relacionadas con la mala alimentación están estrechamente relacionadas con la pobreza.

2. ¿Cómo están respondiendo los actores del sistema alimentario al COVID-19? Los contornos de un nuevo sistema y el yugo absoluto del antiguo

Si bien las circunstancias actuales son excepcionales, la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios ante el cambio climático y las enfermedades relacionadas era clara mucho antes de la crisis del COVID-19. De hecho, los sistemas alimentarios se han desestabilizado en repetidas ocasiones por las crisis, desde la crisis del petróleo de los años setenta hasta la escalada de precios de los productos básicos de 2007-2008, así como los brotes de SARS y de Ébola. Hace tan solo un año, la enfermedad que alarmó a China y desestabilizó los mercados mundiales de productos básicos, fue la peste porcina africana, una epidemia que se extendió por Europa del Este y Asia. A finales de 2019, China, el mayor productor de carne de cerdo del mundo (que representa un tercio del mercado mundial) y el mayor importador, había perdido hasta el 37% de sus cerdos. La interrupción del mercado se vio agravada por las disputas comerciales entre Estados Unidos y China y la cuarentena del COVID-19, ya que las dos crisis coincidieron.

El COVID-19 ha revelado las grandes vulnerabilidades de los sistemas alimentarios mundiales ante fenómenos de este tipo. El virus ha demostrado que los alimentos no son un producto básico como cualquier otro. El cambio de paradigma exigido por muchos en los sistemas alimentarios, desde movimientos sociales y pueblos indígenas hasta pequeños productores y sindicatos, ahora es más urgente que nunca.

El singular aumento de la solidaridad y del activismo de base han sido unas de las respuestas más notables a la crisis. Desde la donación generalizada de alimentos a los indigentes en India y Pakistán, hasta el suministro de comidas transportables a las poblaciones desfavorecidas en los Estados Unidos y Canadá, las comunidades se han unido para cerrar las brechas en el sistema y ayudar a los necesitados.

Además, la crisis ha ofrecido una idea de cómo podrían ser los sistemas alimentarios nuevos y más resistentes. Los gobiernos, en múltiples niveles, han actuado rápidamente para garantizar la protección de los trabajadores y el acceso a la alimentación, a menudo trabajando en conjunto con la sociedad civil. En el sistema indio altamente descentralizado, el estado de Kerala ha liderado su respuesta al COVID-19, al garantizar la distribución de alimentos a través de cocinas comunitarias gratuitas administradas por redes de mujeres. En otros lugares, Portugal ha otorgado derechos de ciudadanía temporal a los trabajadores migrantes; el gobierno francés ha trabajado con los sindicatos de agricultores para desarrollar consejos de higiene personalizados que permitan mantener en funcionamiento los mercados de los agricultores y los programas de la CSA, así como acelerar la reorientación de la producción alimentaria; y la provincia canadiense de Columbia Británica ha declarado los jardines comunitarios y los mercados de agricultores como servicios esenciales. Mientras tanto, Tailandia ha tomado medidas integrales para reforzar su sistema alimentario nacional, incluyendo la distribución de semillas, el fortalecimiento de las ventas en línea y las entregas a domicilio, el proceso para facilitar la migración agrícola y la promoción del consumo de frutas. Y como ha documentado la FAO, las ciudades de todo el mundo están ampliando la provisión de comidas gratuitas, desarrollando centros móviles de alimentos y aumentando la producción alimentaria en la ciudad y sus alrededores.

Las normas también están cambiando, al menos temporalmente, en las cadenas de suministro privadas. Unilever, por ejemplo, proporciona pagos anticipados y crédito a algunos de sus proveedores más vulnerables. Clif Bar & Company, uno de los principales procesadores de alimentos orgánicos de los Estados Unidos, está dando días de baja pagados y proporcionando una compensación adicional a sus empleados durante la crisis, además de haber entregado 3,6 millones de productos a bancos de alimentos, hospitales locales y personal de primera intervención. Fair Trade International ha aumentado la flexibilidad en el uso de las primas de Comercio Justo, permitiendo a los agricultores recurrir a estos fondos de inmediato para proteger la salud y el sustento de sus agricultores y trabajadores de la industria alimentaria durante el COVID-19.

La crisis también ha llevado a las personas a buscar formas nuevas y más directas de procurarse alimentos. Los pedidos en línea y la entrega a domicilio de alimentos y provisiones se están disparando en muchos países con la infraestructura necesaria, y podrían conducir a cambios duraderos en la forma en que las personas se hacen con sus alimentos. En algunos países (por ejemplo Francia, Polonia, los Estados Unidos y China), la demanda se ha disparado para los programas de la CSA, tiendas agrícolas y otras formas de venta directa. Si bien algunas de estas redes están ahora lidiando con el repentino aumento de la demanda y las limitaciones logísticas, las CSA están consiguiendo por lo general mantener y expandir su distribución, proporcionando así una alternativa valiosa para el suministro de alimentos frescos. 8

Pero la crisis también se está utilizando para poner trabas al avance hacia sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Se rumorea que la industria alimentaria canadiense está solicitando una moratoria/demora en el nuevo etiquetado y en la regulación de alimentos, lo que pone en riesgo las medidas prometidas para frenar la comercialización de comida basura a los niños y el etiquetado de alimentos poco saludables y altamente procesados. En México, se han hecho intentos similares para sabotear la adopción de nuevas reglas de etiquetado. Los grupos de presión agrícolas europeos advierten que el sistema alimentario más ecológico previsto por la Comisión Europea no estaría a la altura del sistema actual en cuanto a su capacidad para absorber los choques y producir suficientes alimentos. Otros están pidiendo que se vuelvan a ejecutar los programas de distribución de semillas y fertilizantes de la crisis de 2007-2008. Mientras tanto, la digitalización y la automatización a lo largo de toda la cadena se están erigiendo como una solución a la escasez de la mano de obra y a la movilidad reducida que la pandemia ha provocado, a pesar del impacto potencial en el empleo y los riesgos asociados con una mayor concentración de poder en los sistemas alimentarios. En otras palabras, los sistemas alimentarios industriales se están reinventando, a pesar de su papel en la propagación de la pobreza y la inseguridad, en el cambio climático y en la alteración del ecosistema, y por lo tanto en hacer que los sistemas alimentarios sean extremadamente vulnerables ante las pandemias y otros golpes.

3. El camino a seguir:

A medida que se desarrolla la crisis del COVID-19, el reto es convertir las semillas del cambio que ya se han plantado, en los cimientos de un nuevo sistema alimentario, y denunciar la falta de visión de las soluciones del “business-as-usual”, que buscan utilizar la crisis para servir sus propios intereses. Las vulnerabilidades de nuestros sistemas alimentarios en múltiples niveles no deben olvidarse una vez que la crisis amaine. La tasa de nuevas epidemias y pandemias zoonóticas se está acelerando. Por lo tanto, los siguientes pasos son cruciales para construir resiliencia en todos los niveles:

Recomendación no1. Tomar medidas inmediatas para proteger a los más vulnerables

Se deben tomar medidas de inmediato para mantener el acceso a los alimentos y la seguridad en medio de esta crisis de salud pública. Los gobiernos deben establecer o fortalecer con urgencia mecanismos de protección social y programas de asistencia alimentaria de emergencia que protejan a los más vulnerables, incluyendo a los bebés y a los niños, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a los que viven en la pobreza, muchos de los cuales ya dependen de la ayuda alimentaria. Las medidas inmediatas ya aprobadas por la ONU y la FAO prevén proporcionar transferencias de efectivo o reducción de la deuda individual a las familias más vulnerables, garantizar que los bancos de alimentos y los proveedores comunitarios de comidas tengan los medios necesarios para la entrega, o establecer derechos complementarios para compensar la pérdida de ingresos y mantener la seguridad alimentaria del hogar.

También es imprescindible tomar todas las medidas necesarias para eliminar los principales obstáculos para la adquisición de alimentos que pueda acarrear el confinamiento, sin olvidar la seguridad de los trabajadores y de los consumidores. Se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que los trabajadores del sector agrícola y alimentario, incluidos los trabajadores migrantes y los del sector informal, tengan acceso a condiciones de trabajo seguras y dignas. Como lo instó la UITA, las medidas incluyen garantizar que los trabajadores del sector agrícola y alimentario reciban un transporte seguro al trabajo; acceso a una vivienda adecuada; acceso a cuidado de niños; equipo de protección; espacio suficiente para el distanciamiento social; instalaciones sanitarias seguras en el trabajo; y asistencia sanitaria.

Los trayectos frecuentes a las estructuras informales del mercado son a menudo la única opción para los hogares pobres, que tienen poca o ninguna capacidad para comprar en grandes cantidades o para almacenar alimentos. Por eso, apoyar a estos mercados para que cumplan con las medidas de higiene y garantizar el acceso a ellos es crucial, manteniendo así su papel esencial en la distribución de alimentos.

Todas las medidas también deben ser compatibles con la amplia diversidad de contextos culturales, socio-económicos o geográficos que pueden influir en las respuestas de salud pública. Los investigadores han identificado las estrategias locales como críticas en las respuestas a los brotes, incluida la creación de sistemas comunitarios oficiales o voluntarios para identificar qué hogares están aislados y necesitan más apoyo para acceder a alimentos y agua, o el establecimiento o re-acondicionamiento de estructuras provisionales de bajo coste para albergar de manera segura a los grupos vulnerables (por ejemplo, las personas sin hogar, los enfermos). También se debe prestar especial atención a las condiciones de los numerosos asentamientos urbanos informales con altas densidades de población e infraestructura limitada que albergan a la mayoría de las personas que viven en la pobreza, así como a las muchas comunidades rurales que dependen del suministro compartido de alimentos entre los hogares.

Los países de bajos ingresos deben ser capaces de dar estos pasos sin temor a paralizar sus finanzas públicas y sin tener que desviar recursos de otros retos urgentes como la mitigación y la adaptación climática. La reducción de la deuda, como defiende la UNCTAD, y otras formas de solidaridad internacional son, por lo tanto, cruciales.

Recomendación no2. Construir sistemas alimentarios agroecológicos resilientes

El cambio de paradigma de la agricultura industrial a sistemas agroecológicos diversificados es más urgente que nunca. La capacidad única de la agroecología para conciliar las dimensiones económicas, ambientales y sociales de la sostenibilidad ha sido reconocida por la FAO, por informes históricos del IPCC e IPBES, y por la evaluación de la agricultura global (IAASTD) dirigida por el Banco Mundial y la FAO.

La agroecología debe su resiliencia a la combinación de diferentes plantas y animales, utilizando sinergias naturales en vez de productos químicos sintéticos para regenerar los suelos, fertilizar los cultivos y combatir las plagas. Por eso es menos dependiente de los insumos importados, como fertilizantes y pesticidas, lo que reduce su fragilidad ante las perturbaciones comerciales y las fluctuaciones de precios. En lugar de despejar paisajes para sistemas agrícolas uniformes, la agroecología se basa en el “intercambio de tierras”. El enfoque territorial que defienden muchos agroecólogos permite que los productores de alimentos y los conservacionistas se unan para encontrar soluciones que hacen posible la producción de alimentos saludables al tiempo que protegen importantes hábitats de vida silvestre. Los sistemas agroecológicos también aumentan la resistencia a las enfermedades al reubicar y descentralizar la cría de plantas y ganado, para aprovechar la diversidad. Las culturas alimentarias locales y las estructuras comunitarias locales, fundamentales en tiempos de flaqueza, han sido dañadas por la agricultura industrial y pueden reconstruirse mediante la agroecología.

Los mercados territoriales y las cadenas de suministro cortas a menudo son un componente clave de los sistemas agroecológicos y pueden mejorar el acceso a alimentos frescos, garantizar una mayor remuneración del agricultor y reducir la vulnerabilidad a las fluctuaciones en los mercados internacionales. Las cadenas de suministro cortas no se libran de perturbaciones. En gran parte del Sur Global, los mercados territoriales son una realidad, y el impacto de la crisis en estas cadenas alimentarias aún no se ha terminado de notar. Por ahora, la prioridad a corto plazo sigue siendo proteger el punto de venta clave de los mercados informales y apoyar a las pequeñas y medianas empresas de alimentos existentes, con el fin de evitar la rápida concentración de procesamiento y venta minorista que se produjo después de anteriores brotes de enfermedades. Para los países que son importadores netos de alimentos, la prioridad a corto plazo es garantizar una circulación continua del comercio regional e internacional, así como reservas alimentarias adecuadas disponibles en cada región. Sin embargo, las estrategias plurianuales deben implementarse de inmediato para ir progresivamente dejando atràs las políticas agrícolas orientadas al comercio, que perjudican a los pequeños productores o favorecen las prácticas agrícolas insostenibles.

Se han identificado una serie de acciones para impulsar un cambio hacia sistemas alimentarios agroecológicos resilientes, incluida la redirección de los subsidios agrícolas y las inversiones en investigación a la agroecología. Se necesitarán pasos inmediatos para garantizar que las cadenas locales puedan funcionar y prosperar, y para fortalecer la capacidad para cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria, de las cuales habría que eliminar las que presentan barreras para la venta local. También hay que revisar urgentemente todo lo que obstaculiza la diversidad. Los acuerdos de propiedad intelectual que rigen los recursos genéticos agrícolas, como los cultivos y la ganadería, no deben impedir el uso y el intercambio total y gratuito de variedades y razas agrícolas entre los campesinos, sus comunidades o los criadores públicos. La conservación y el intercambio de semillas son prácticas vitales para los sistemas de semillas de los agricultores del Sur Global. A largo plazo, también será necesaria una reforma agraria para reducir las grandes desigualdades en el acceso a la tierra, especialmente para los millones de pequeños agricultores que cultivan menos de dos hectáreas en Asia meridional y en África subsahariana.

Recomendación no3. Reequilibrar el poder económico para el bien público: un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad

La necesidad urgente de un nuevo pacto entre el Estado y la sociedad civil se ha vuelto una clara evidencia a raíz de lo que es una crisis sanitaria, pero también económica y alimentaria. Han surgido importantes brechas de gobernanza en cuanto a la inversión insuficiente en salud pública sobre todo, pero también en seguridad alimentaria. Si bien algunas autoridades públicas han tomado medidas extraordinarias para garantizar el suministro de alimentos, la crisis también ha hecho que muchas personas se vuelvan totalmente dependientes de la caridad y de la solidaridad de sus vecinos, de quienes no se puede esperar que cubran sus necesidades básicas.

No obstante, el COVID-19 ha demostrado que los gobiernos pueden actuar en nombre del bienestar y de manera más efectiva cuando desempeñan funciones centralizadas básicas junto con acciones bien coordinadas y con recursos a nivel regional y local, donde las necesidades se entienden mejor y distintas herramientas pueden implementarse con la ayuda de la sociedad civil. La sociedad civil organizada, sobre todo las organizaciones comunitarias, los grupos de agricultores y las cooperativas, han demostrado ser un amortiguador eficaz contra los impactos de la crisis, lo que desmuestra su importancia para hacer frente al cambio climático y otros retos inminentes.

Lo que comenzó como una respuesta a la crisis debe transponerse a los nuevos fundamentos de la gobernanza pública. Los sistemas políticos y económicos que están surgiendo de esta crisis deben cimentar la gobernanza en todos los niveles, la gobernanza con la sociedad civil, la inclusión social y económica, la rectificación de los procesos que crean pobreza, y el pensamiento sistémico a largo plazo que nos pueda permitir resistir a las nuevas crisis cuando surjan. La soberanía alimentaria, que enfatiza la toma de decisiones democráticas en el sistema alimentario y el acceso a la tierra y a los recursos alimentarios, debe ser una regla de oro.

Miles de millones de dólares se están inyectando en la economía a través de rescates, paquetes de estímulo y flexibilización cuantitativa. No se puede perder la oportunidad de usar este dinero para transformar la economía, en vez de limitarnos a rescatarla. Ya se están elaborando ambiciosas reformas políticas en la UE y los Estados Unidos para impulsar el cambio hacia sistemas alimentarios y agrícolas sostenibles. Estos paquetes de reformas ahora son más importantes que nunca y deberían ser el camino que nos lleve a la resiliencia.

Los enfoques reglamentarios deben ser parte de este proceso. La crisis ha demostrado que los gobiernos pueden y deben intervenir para corregir los fallos del mercado y reorientar las actividades económicas para servir el bien público. Ahora es imprescindible garantizar que las empresas alimentarias asimilen los costos socio-económicos y ambientales negativos que generan. También es esencial prevenir las prácticas monopolísticas. Dadas las incertidumbres de la cadena de suministro y la impredecibilidad del futuro, muchas empresas agroalimentarias pequeñas y medianas pueden estar al borde de la bancarrota o bajo una presión considerable por parte de los accionistas para actuar. Las compañías más grandes del sector, aprovechando las bajas tasas de interés, están dispuestas a expandirse apropiándoselas o viéndolas morir. Las fusiones y adquisiciones, por lo tanto, deben ser objeto de un control particularmente minucioso durante la crisis.

Recomendación no4. Reforma de la gobernanza de los sistemas alimentarios internacionales

La crisis actual ofrece una oportunidad para completar las reformas de gobernanza global iniciadas a raíz de la crisis de los precios de alimentos de 2007-2008, y para poner en práctica las herramientas para acelerar la transformación del sistema alimentario. Con espacios de organización garantizados y la posibilidad de participación para la sociedad civil y el sector privado, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas, reformado y reactivado en 2009, se ha convertido en un foro único que proporciona una respuesta global coordinada a los problemas del sistema alimentario, debatiendo con los gobiernos, y haciéndolos rendir cuentas. Ha sido en el CSA donde las comunidades han rechazado la expansión imprudente de la apropiación de tierras y los biocombustibles. De hecho, el proceso de reforma se ha debilitado en los últimos años, ya que algunos gobiernos, el sector privado y las fundaciones filantrópicas con intereses en los sistemas alimentarios industriales se han negado, a su vez, debilitar al CSA y evitar que cumpla su mandato. Por lo tanto, es en el CSA donde se deben enfrentar estos esfuerzos, reafirmar la gobernanza democrática y trazar el camino hacia sistemas alimentarios resilientes a raíz del COVID-19. Las discusiones sobre el comercio y la seguridad alimentaria en el CSA de este año se han vuelto doblemente importantes.

La crisis también nos da la oportunidad perfecta para repensar la Cumbre de Sistemas Alimentarios de 2021 y volver a centrarla en la resiliencia y la agroecología, basándose en el debate democrático en el CSA. Las discusiones colaterales a las que dé lugar este gran evento, incluidas las propuestas para un nuevo Consejo Digital para la Agricultura y la reforma de los centros mundiales de investigación agrícola (el “CGIAR”), deberían abrirse a una amplia participación, en lugar de llegar a un consenso entre los grupos cerrados. Las Convenciones de la ONU sobre Cambio Climático y Biodiversidad se han abierto hacia conferencias cruciales a finales de 2020, con la agricultura en el centro de atención. Dados los aplazamientos y la eliminación de las prioridades de estas cumbres, la vigilancia de la sociedad civil se vuelve esencial para evitar que se forcen acuerdos internos y para iniciar pasos positivos. Ahora más que nunca, se debe evitar la fragmentación y el monopolio de la gobernanza.