Denuncian graves fallos en los sistemas de evaluación de riesgo de los pesticidas que se autorizan en la Unión Europea

Un informe publicado en una revista científica de la Universidad de Cambrigde y realizado por toxicólogos, abogados y expertos en políticas, ha denunciado graves fallos en los sistemas por los que se evalúa el riesgo de los pesticidas que se autorizan en la Unión Europea. Fallos que pueden socavar de forma muy severa el objetivo de desarrollar una agricultura sostenible en el continente, como se pretende dentro de los planes de «recuperación verde» de la economía tras la pandemia del Covid 19.

Diferentes entidades que trabajan en favor de una agricultura sin pesticidas advierten del riesgo de que no se adopten las decisiones adecuadas y que se permita que se sigan favoreciendo intereses económicos concretos por encima del bien general.

Carlos de Prada, director de la campaña Hogar sin tóxicos, asegura que “la aplicación de métodos que encubren los riesgos  reales, no solo pone en peligro la salud pública y el medio ambiente, sino que crea la apariencia falsa de que no existe necesidad de cambio. La actual crisis del coronavirus nos está mostrando lo importante que es la correcta evaluación de los riesgos, sean estos cuales sean, y la toma adecuada de medidas, y a tiempo”.

La voluntad de la UE de caminar hacia un modelo más respetuoso con la salud y el medio ambiente queda patente en la Estrategia Farm to Fork comunitaria incluida dentro del Pacto  Verde Europeo.

Un total de 13 Ministros europeos de clima y medio ambiente, 180 responsables políticos, líderes empresariales, investigadores y organizaciones no gubernamentales han hecho llamamientos a favor de ésa «recuperación verde», que podría verse comprometida si las cosas siguen como hasta ahora.

Según el informe, publicado en la European Journal of Risk Regulation, Europa no está implementando y haciendo cumplir sus propias regulaciones sobre pesticidas. Si bien el Reglamento de plaguicidas de la UE 1107/2009 es, sobre el papel, uno de los más estrictos del mundo, en la práctica se está muy lejos de lograr su objetivo de conseguir «una evaluación independiente, objetiva y transparente de los plaguicidas y lograr un alto nivel de protección para la salud y medio ambiente».

El informe toma como ejemplo uno de los casos más conocidos, el herbicida glifosato, y revela una lista de graves irregularidades que, en realidad, afectan de forma bastante generalizada a los métodos por los que se evalúa el riesgo de los centenares de pesticidas que están autorizados en la Unión Europea.

Entre ellas se destaca que se favorecen los estudios realizados por las propias industrias que quieren comercializar los pesticidas, y que obviamente tienden a minimizar los riesgos de estas sustancias,  frente a los de la ciencia académica que detectan efectos negativos.

Se denuncia incluso que algunas agencias reguladoras, en lugar de realizar una revisión objetiva de los estudios presentados por la industria, realizando su propia evaluación, hayan llegado al extremo de plagiar informes de la industria, sin criticarlos, y presentarlos como si fuesen su propio dictamen «independiente» a favor del uso de un pesticida.

La organización PAN Europe, tres de cuyos toxicólogos han participado en el informe publicado en European Journal of Risk Regulation, denuncia que se está produciendo un «uso indebido generalizado de la investigación científica, así como una errónea interpretación de sus datos». También lamentan  un «uso indebido de herramientas estadísticas y analíticas».

Evaluar la formulación completa

Además, el documento denuncia que, cuando se aprueban los pesticidas, se evalúa el riesgo de exponerse solo a una de estas sustancias de manera aislada, a pesar de que en la vida cotidiana las personas se exponen a mezclas de ellos.

Un porcentaje considerable de las frutas y verduras que se consumen en Europa tienen residuos de varios pesticidas a la vez; y se sabe que el efecto de las mezclas puede ser muy superior al de cada uno de ellos de manera aislada.

También critica que no se evalúan adecuadamente los efectos de las formulaciones completas de cada producto que se pone a la venta, sino que se centran en el principio activo de una sola sustancia, a pesar de que «los aditivos pueden cambiar el perfil de toxicidad del ingrediente activo».

Por otro lado, se denuncia que no se están abordando debidamente «los conflictos de intereses dentro de las agencias reguladoras, lo que socava la independencia y la objetividad de las evaluaciones de pesticidas».

Como resultado de todos estos fallos, apunta PAN Europe  «muchos pesticidas están pasando por el proceso regulatorio y están siendo autorizados a pesar de su potencial para dañar la salud humana y animal, así como el medio ambiente».

El problema, comentan, no es tanto por las leyes en sí mismas, aunque algunas de ellas debieran ser mejoradas, como por «el fallo de los organismos reguladores a la hora de implementar o hacer cumplir las leyes duras o «blandas» que rigen cómo se regulan los pesticidas».

Por ello, los autores del informe proponen cambios «en la forma en que los reguladores llevan a cabo el proceso de evaluación de riesgos, así como en la forma en que se aplican los conocimientos científicos actuales y las herramientas analíticas científicas».

Se pide que se usen en mayor medida métodos de «revisión sistemática» para garantizar la objetividad y la transparencia en la evaluación de los resultados de los estudios que se tienen en cuenta en la evaluación de los riesgos; un uso adecuado del enfoque de “peso de la evidencia” de modo que se tengan en cuenta debidamente todos los tipos de evidencia diferentes que muestran que, por ejemplo, un pesticida puede ser cancerígeno (de forma que no se evalúen y descarten por separado, sino que se considere el peso conjunto de toda esa evidencia); evaluar la toxicidad de toda la formulación de los pesticidas y no solo la de una de sus sustancias aisladas ya que se sabe que su efecto puede ser mucho mayor; o que, entre otros aspectos,  los reguladores no se limiten a copiar lo que la industria dice acerca de la seguridad de los pesticidas que quieren vender sino que realicen evaluaciones objetivas e independientes.

Momento crucial

El  informe se basa en el trabajo de un grupo interdisciplinario de científicos, abogados y formuladores de políticas, que en 2018 formaron la coalición Ciudadanos para la Ciencia en la Regulación de Pesticidas. Más de 140 ONGs se inscribieron en el manifiesto de la Coalición para exigir una reforma en la evaluación de riesgos con el fin de garantizar que el uso de pesticidas no cause daños a los humanos, los animales y el medio ambiente.

Ahora se está en un momento crucial, ya que la Comisión de la UE está preparando su estrategia Farm to Fork (F2F) como parte del Pacto Verde Europeo, con la meta de «asegurar un sistema alimentario justo, saludable y ecológico» que incluirá «medidas para reducir significativamente el uso y el riesgo de los pesticidas químicos».

Como afirma Angeliki Lyssimachou, una de los autores del nuevo informe y oficial de políticas científicas de PAN Europe: «no se puede reducir el riesgo si la evaluación no se realiza correctamente.

Algunos pesticidas que han pasado por el proceso de autorización no deberían estar autorizados en absoluto, ya que son tóxicos. Los reguladores deben asegurarse de que los últimos conocimientos científicos y métodos de evaluación objetiva se implementen durante todo el procedimiento de evaluación».

Retraso en las evaluaciones

Además de la Estrategia Farm to Fork, la Comisión debe publicar una evaluación sobre la legislación de pesticidas de la UE. Tal evaluación, que lleva mucho retraso, denominada REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) debería servir para  determinar «si las regulaciones satisfacen las necesidades de los ciudadanos, las empresas y las instituciones públicas de manera eficiente».

Pero se teme que podría enfocarse para favorecer los intereses industriales debilitando la normativa. La crisis del Covid 19 ha pospuesto la publicación de los dos documentos,  y una serie de sectores presionan para que se retrase aún más y se supediten a intereses económicos concretos.

Otra de las autoras del informe, Claire Robinson, asegura que el «COVID-19 nos ha demostrado que la salud humana debe ser la prioridad y que la producción sostenible de alimentos es crucial. No podemos permitirnos más retrasos en la implementación de un programa saludable y sostenible, y un sistema alimentario resistente».

Por su parte, el investigador Christopher Portier, que también participó en el informe, apunta que «el rigor científico y la transparencia total son fundamentales tanto para la evaluación de los datos utilizados en la toma de decisiones regulatorias como para la confianza que el público tenga en esas evaluaciones».

En la misma dirección se expresa Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción, quien subraya que “es importante mejorar los sistemas por los que organismos como la EFSA evalúan la seguridad de los pesticidas, así como la transparencia del proceso y los conflictos de interés existentes, a fin de evitar que se sigan usando aquellas sustancias de mayor riesgo».

El informe:

ROBINSON, C. et al. (2020). Achieving a High Level of Protection from Pesticides in Europe: Problems with the Current Risk Assessment Procedure and Solutions. European Journal of Risk Regulation, 1-31. doi:10.1017/err.2020.18

https://www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-risk-regulation/article/achieving-a-high-level-of-protection-from-pesticides-in-europe-problems-with-the-current-risk-assessment-procedure-and-solutions/1162DF6B1E3DF00FB801F484FD3ADB91

Fuente: Ecoticias

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